Diethell Columbus Murata

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DESTRABANDO AL ESTADO

  • Fecha Domingo 7 de Agosto del 2016
  • Fecha 12:00 am

A propósito de las propuestas para simplificar trá­mites administrativos y eliminar la burocracia, re­cuerdo el caso de la señora “María” que se quejaba por el accionar de una municipalidad que había expedido una licencia de funcionamiento para que una empresa realice sus actividades en el predio de la mencionada señora, sin contar con un contrato de arrendamiento vigente o autorización de la propietaria.

María relató que se acercó a su municipalidad para quejarse por esta situación, pero recibió como res­puesta que la autoridad edil estaba atada de manos, toda vez que se había promulgado la Ley N° 28976 que dispuso, entre otras cosas, que para obtener una licencia de funcionamiento ya no era necesario que el solicitante acredite ser el propietario o poseedor le­gítimo de un predio, siendo que si ello se exigía como requisito, el Indecopi podría sancionarlos.

Ante esta situación, María decidió iniciar ciertos procedimientos legales para defender sus derechos y recuperar la posesión de su inmueble.

Unos meses después y para acrecentar el malestar de María, ésta recibió una notificación en la que se le solicitaba que pague los arbitrios del inmueble antes referido. El monto que en esta oportunidad debía cancelar era mucho mayor al de años anterio­res y cuando acudió a la municipalidad a exigir una explicación; se le indicó que la variación obedecía a que el uso del inmueble había cambiado de residen­cial a comercial, pues según el sistema de catastro municipal existía una licencia de funcionamiento activa en dicho inmueble y además se había cons­tatado la realización de actividades comerciales en el mismo.

La indignación de María se acrecentó, pero en esta oportunidad estaba casi segura que la municipali­dad haría justicia y le cobraría los arbitrios a quien indebidamente ocupaba su predio y que ciertamen­te fue quien recibió los servicios por los que se re­clamaba el pago, empero, le indicaron que según la normatividad tributaria vigente, quien debe asumir el pago de los arbitrios y del impuesto predial es el propietario del inmueble. Además, señalaron que en el supuesto que existiese algún litigio o conflicto con el ocupante actual, ello es un problema entre particulares que nada tiene que ver con el cumpli­miento de sus obligaciones tributarias.

Como podemos concluir, el caso de María revela que la lógica de destrabar al Estado solo ha considerado el apoyar al sector empresarial para “facilitar las in­versiones y mejorar el clima de negocios”; sin tener presente el costo social que tales medidas puede oca­sionar al ciudadano de a pie, que al final es una víc­tima de las políticas de simplificación administrativa proempresa que se han aprobado hasta la fecha.





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