Diethell Columbus Murata

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Incoherencias públicas

  • Fecha Miércoles 2 de Marzo del 2016
  • Fecha 12:00 am

Lo que siempre ha caracterizado a nuestro sistema jurídico es ese contrasentido que busca validar acciones abusivas contra el ciudadano común y que permiten, a modo de complicidad, la impunidad de muchas acciones contrarias al Derecho; situación que se ha instituido como una costumbre en nuestra sociedad y, ni qué decir al interior del propio Estado. Ejemplo de lo anterior, lo podemos graficar en el problema del salario mínimo de los trabajadores estatales.

Justamente aquí es donde se evidencia la falta de coherencia en el accionar estatal, puesto que por un lado se impulsan políticas públicas en torno a la mejora remunerativa y, sin embargo, cuando corresponde aplicar esas mismas políticas en el sector público, surgen regulaciones que impiden que se cumpla con aquello que otros sí están obligados a cumplir.

Actualmente, existen trabajadores estatales que por diversas razones perciben una remuneración cuyo monto bruto no llega ni al salario mínimo y, pese a que pueda existir la voluntad política de solucionar esta arbitrariedad, el MEF y Servir han emitido pronunciamientos que señalan que conforme a las leyes anuales de presupuesto estaría prohibido el incremento o reajuste de remuneraciones en el sector público. La posición anterior ha sido mal entendida por los operadores estatales que han asumido dicha interpretación como si fuese una patente de corso que los habilita a desconocer derechos fundamentales como aquel que consagra que nadie puede ganar menos del salario mínimo.

Esta contraposición nos obliga a hacer notar a los operadores estatales que si bien las leyes anuales de presupuesto prohíben los incrementos y/o reajustes remunerativos, también es cierto que existe el derecho fundamental de todo trabajador a tener un ingreso digno que le permita vivir con decoro, y de ello se podría interpretar válidamente que la restricción acotada se refiere únicamente a aquellos aumentos o variaciones por encima del monto mínimo constitucional establecido. Quizá esta solución es pedir demasiado, cuando la salida fácil es decir que no y que el Poder Judicial sea quien resuelva en última instancia, empero, albergo la esperanza que poco a poco esos criterios inflexibles cambien.

Sin perjuicio de lo anterior, creo que es tiempo de replantear la visión de gestión que se tiene en el Estado y ello necesariamente implicará apartarnos de aquella lógica insensible que considera que la dignidad del ser humano puede ser ponderada en función a clasificadores de gasto del presupuesto público. Con lo dicho, no estoy pidiendo nada que el mismo Estado no les reclame a otros, pues nos debe quedar claro que siempre “se predica con el ejemplo”.





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