Diethell Columbus Murata

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La ley del embudo

  • Fecha Jueves 5 de Mayo del 2016
  • Fecha 12:00 am

El Estado tiene por función general el velar por el bienestar de los ciudadanos y desde el punto de vista laboral, la Constitución le impone la obligación de cautelar los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, resulta más que paradójico que cuando éste resulta ser el empleador se aplique la Ley del Embudo y al final deja de lado ese rol garantista de los derechos de sus propios trabajadores. Para muestra un par ejemplos.

Según nuestro ordenamiento constitucional, nadie puede ganar menos del salario mínimo y el Estado debe velar porque las empresas privadas cumplan con esta obligación, empero, quién sanciona al Estado cuando es éste el que vulnera los derechos de sus trabajadores y los somete a un trato indigno; pues ha de saberse que en el sector público aún existen trabajadores cuyos ingresos en planilla están por debajo del salario mínimo y, sin embargo, esta situación abusiva es avalada por normas presupuestales que se mantienen vigentes a la fecha pese a las reiteradas opiniones del TC sobre su inconstitucionalidad.

Como otro ejemplo, tenemos el caso de la libre disposición del 95.5 % de los fondos previsionales que administran las AFP. La ley aprobada permite que aquellos trabajadores adscritos al sistema privado de pensiones puedan disponer de un porcentaje de su fondo previsional, siempre y cuando exista dinero en dicho fondo. Para el caso de los trabadores estatales, quizá esta ley no les pueda ser de mayor beneficio, puesto que a pesar que todos los meses se les descuenta el aporte respectivo para su fondo de pensiones, existe un gran número de entidades públicas que por alguna razón no realizan dicho depósito ante la AFP, con el consiguiente perjuicio para sus trabajadores y al final son estos o las mismas AFP los que deben iniciar acciones judiciales para que el Estado reintegre aquellos descuentos efectuados y que nunca depositó. Para colmo de males, cuando el Estado pierde el proceso judicial y no cuente con la disponibilidad presupuestal o financiera para honrar la deuda, la normativa estatal le permite prorratear esta obligación hasta en cinco años luego de un procedimiento de priorización de pago de deudas, con lo cual esos cinco años podrían multiplicarse y el único perjudicado es el trabajador (pensionista).

Esperemos que las próximas autoridades no se preocupen solo en hacer reformas públicas de maquillaje, sino que procuren atacar los problemas estructurales que aquejan al aparto público, puesto que no solo se adolece de burocracia sino también de ese conjunto de normativas cómplices que lo único que hace es volver al Estado, quizá, en el principal enemigo de la clase trabajadora.





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