Diethell Columbus Murata

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Legislando para la tribuna

  • Fecha Jueves 19 de Mayo del 2016
  • Fecha 12:00 am

Últimamente venimos escuchando discusiones político académicas respecto a la posibilidad de que el actual Congreso de la República apruebe un nuevo Código Penal. En términos generales, no es mala la idea de aprobar un nuevo código o quizá modificar parcialmente el que tenemos, sin embargo, las cosas cuando se hacen a última hora y sin la debida meditación, pueden resultar peor que el mal que se pretende atacar y de ello ya tenemos varios ejemplos.

Creo que el error que vienen cometiendo nuestros legisladores es pensar que lo que deben hacer es aprobar normas efectistas, es decir, si la ciudadanía tiene la percepción que no se hace nada con el sicariato, maltrato de animales o los robos que abundan hoy en día, su obligación es aprobar una ley que establezca sanciones más drásticas para tales delitos, ello sin importar que en la realidad tales penas sean igual de ineficaces que las anteriores. Como se dice, la idea es atender el clamor popular y ya lo otro será problema del Ministerio Público o el Poder Judicial.

Sin lugar a dudas, la falta de seriedad en la elaboración de nuestra legislación es lo que finalmente termina ocasionando conflictos sociales y mayor rechazo de la población respecto de sus autoridades; solo necesitamos recordar el sinfín de problemas que se generaron con la promulgación de la famosa Ley 30414 o la necesidad de complementar la Ley sobre el retiro de los fondos previsionales de las AFP.

En ese sentido, pareciera que nuestros legisladores no han aprendido de los yerros cometidos hasta la fecha y ahora quieren aprobar “al caballazo” un nuevo código penal antes que acabe su legislatura; pese a que dicho proyecto tiene varios contrasentidos. Por ejemplo, resulta un incordio la falta de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones entre el delito de sicariato y el de genocidio, pues en el primer caso el delincuente sería sentenciado con cadena perpetua mientras que en el otro, que reviste una mayor gravedad, se aplicaría una pena máxima de 35 años y esta misma situación se repite con varios tipos penales. Cabe señalar que la frecuencia con la que se cometa un delito no es justificación ni menos sustento para lo que se pretende hacer.

Finalmente, debo acotar que desde mi perspectiva el reclamo de la ciudadanía está referido a que no perciben que las autoridades apliquen las normas penales que ya existen de forma correcta y efectiva, ello al margen de la severidad de la sanción. En consecuencia, la respuesta a ese reclamo social no se solucionará con aprobar una ley ni menos con una como la que se viene discutiendo y que se pretende aprobar de forma apresurada.





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