Diethell Columbus Murata

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  • Fecha Domingo 28 de Agosto del 2016
  • Fecha 12:00 am

Con fecha 4 de agosto, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Congreso de la República proponiendo que se modifique la Ley General del Sistema Concursal en el sentido de permitir que aquellas empresas que estén incursas en un proceso de disolución y liquidación por vencer, como es el caso de la empresa Doe Run, puedan prorrogar dicho plazo hasta por dos años.

Huelgan comentarios sobre si este proyecto tiene nombre propio o no, pero sí debe recordarse que el origen del mismo data de aquel mitin en el que se arengaba que no se podía dejar morir a La Oroya y que se debía marchar hacia el Congreso para que dicho ente emita una ley que solucione el problema de Doe Run y de sus trabajadores.

Con fecha 25 de agosto se presentó una propuesta alternativa que, luego de las coordinaciones efectuadas por las diversas fuerzas políticas al interior del Parlamento, se transformó en un texto consensuado que regulaba prácticamente lo mismo, vale decir, prorrogar el plazo de vigencia del proceso de disolución y liquidación de Doe Run y, teóricamente, de cualquier otra empresa que esté en la misma situación.

Cabe señalar que ese texto alternativo fue el que se aprobó el jueves último en el pleno del Congreso de la República, con 108 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. No obstante, conviene resaltar que lo aprobado tiene algunas diferencias respecto de la propuesta inicial; siendo estas:

  1. A) La norma aprobada se aplicará a procesos concursales en trámite e incluso a aquellos que hayan vencido, esto último suponemos que fue incorporado como una salvaguarda en caso la norma entrase en vigencia, por ejemplo, después del 27 de agosto que es plazo límite que tenía Doe Run.
  2. B) El plazo de la prórroga será de un año y no el que originalmente se propuso. C) Si se requiriese un año adicional de prórroga, la ley aprobada establece que esa decisión queda bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, previo informe del Indecopi, es decir, que a partir de ahora las marchas que se convoquen serán hacia Palacio de Gobierno y ya no hacia el Congreso de la República.

Finalmente, la aprobación de esta norma ha demostrado que es posible que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen de la mano para aprobar leyes importantes en tiempo récord y, bajo esa premisa, quizá ya no sería necesaria la delegación de facultades que se pedía, salvo que esta diligencia haya sido solo para esta norma de excepción. En lo personal me resisto a creer que ello sea así.





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