Diethell Columbus Murata

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¿POR QUÉ JUSTOS DEBEN PAGAR POR PECADORES?

  • Fecha Lunes 3 de Octubre del 2016
  • Fecha 12:00 am

Hasta antes de marzo de 2015, cuando un padre de la patria era sentenciado por la comisión de un delito doloso, éste era reemplazado inmediatamente por el ac­cesitario de su propia organización política. No obstante, con la promulgación de la Resolución Legislativa 002- 2014-2015-CR se instituyó la figura de la pérdida del esca­ño o también conocida como “curul vacía”.

Esta figura consiste en que si un congresista es condenado en última instancia por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, no solo perdería el cargo sino que tampoco podría ser reemplazado por su accesitario hasta que termine el período para el que fue elegido.

Revisando el resumen del debate que se dio por este tema, resulta evidente que la finalidad de esta modificación no solo fue para castigar al parlamentario sino también a la agrupación política so pretexto de fortalecer la institucio­nalidad partidaria y buscar que se mejore la calidad de los postulantes.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos reparar en el impacto que esta medida tendrá para la ciudadanía, pues si bien puede resultar popular, no debemos olvidar que los con­gresistas que son elegidos por una jurisdicción o distrito electoral determinado se constituyen en los represen­tantes parlamentarios de la población de esa misma cir­cunscripción y además son los responsables de articular legislación que ayude al desarrollo de su región.

Enfocando el tema más allá del efecto para los “partidos políticos”, debemos recordar que existen jurisdicciones electorales con una representación mínima como es el caso de Madre de Dios que solo tiene una curul asignada de las 130 que existen. En similar proporción tenemos a las regiones de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moque­gua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali que tienen solo dos curules cada una.

Imaginemos que por azahares del destino, el único repre­sentante de Madre de Dios o los dos representantes de cualquiera de las otras regiones señaladas, son senten­ciados por cualquiera de los delitos que mencionamos. ¿Qué sucedería con los 137,316 compatriotas de Madre de Dios o a los 519,973 compatriotas de Amazonas o a los 494,781 compatriotas de Huancavelica? Nadie discu­te que se debe buscar institucionalizar a las agrupaciones políticas, pero el costo que se nos pide asumir es dema­siado alto.

¿Acaso no sería mejor que en lugar de una curul vacía permanente, esta sea ocupada por el representante de la agrupación política que quedó en segundo lugar en el cómputo de votos de la elección congresal? Finalmente, cualquier propuesta es preferible a la barbaridad de privar al pueblo de ser representado. Eso no sería justo y menos democrático.

Hasta antes de marzo de 2015, cuando un padre de la patria era sentenciado por la comisión de un delito doloso, éste era reemplazado inmediatamente por el ac­cesitario de su propia organización política. No obstante, con la promulgación de la Resolución Legislativa 002- 2014-2015-CR se instituyó la figura de la pérdida del esca­ño o también conocida como “curul vacía”.

Esta figura consiste en que si un congresista es condenado en última instancia por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos, no solo perdería el cargo sino que tampoco podría ser reemplazado por su accesitario hasta que termine el período para el que fue elegido.

Revisando el resumen del debate que se dio por este tema, resulta evidente que la finalidad de esta modificación no solo fue para castigar al parlamentario sino también a la agrupación política so pretexto de fortalecer la institucio­nalidad partidaria y buscar que se mejore la calidad de los postulantes.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos reparar en el impacto que esta medida tendrá para la ciudadanía, pues si bien puede resultar popular, no debemos olvidar que los con­gresistas que son elegidos por una jurisdicción o distrito electoral determinado se constituyen en los represen­tantes parlamentarios de la población de esa misma cir­cunscripción y además son los responsables de articular legislación que ayude al desarrollo de su región.

Enfocando el tema más allá del efecto para los “partidos políticos”, debemos recordar que existen jurisdicciones electorales con una representación mínima como es el caso de Madre de Dios que solo tiene una curul asignada de las 130 que existen. En similar proporción tenemos a las regiones de Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moque­gua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali que tienen solo dos curules cada una.

Imaginemos que por azahares del destino, el único repre­sentante de Madre de Dios o los dos representantes de cualquiera de las otras regiones señaladas, son senten­ciados por cualquiera de los delitos que mencionamos. ¿Qué sucedería con los 137,316 compatriotas de Madre de Dios o a los 519,973 compatriotas de Amazonas o a los 494,781 compatriotas de Huancavelica? Nadie discu­te que se debe buscar institucionalizar a las agrupaciones políticas, pero el costo que se nos pide asumir es dema­siado alto.

¿Acaso no sería mejor que en lugar de una curul vacía permanente, esta sea ocupada por el representante de la agrupación política que quedó en segundo lugar en el cómputo de votos de la elección congresal? Finalmente, cualquier propuesta es preferible a la barbaridad de privar al pueblo de ser representado. Eso no sería justo y menos democrático.





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