Diethell Columbus Murata

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Reforma del empleo público

  • Fecha Miércoles 6 de Abril del 2016
  • Fecha 12:00 am

En los últimos años se han gestionado varias modificaciones legislativas con especial énfasis en lo que respecta a empleo público; siendo que dentro de ese paquete de reformas, tenemos que en el año 2013 se promulgó la famosa Ley del Servicio Civil N° 30057 (Ley Servir), la que a mí juicio tiene grandes aciertos y ventajas frente a la normativa desfasada que existía, sin embargo y pese a que esta Ley representa un gran esfuerzo por lograr una mejora estructural en el sistema de recursos humanos a cargo del Estado, igual ha sido duramente criticada a lo largo de esta sinuosa campaña electoral.

La crítica que se hace a la Ley Servir se sustenta básicamente en la existencia de un pequeño articulado que en la práctica anularía la posibilidad de que el Estado pueda acordar incrementos remunerativos o beneficios económicos para sus trabajadores por medio de la celebración de convenios o pactos colectivos, vale decir, que tales artículos impedirían que el empleador estatal puede sentarse a negociar incrementos de sueldos, bonificaciones y demás con sus trabajadores.

Sobre este particular, debo acotar que si bien la crítica a la Ley Servir en ese aspecto puede ser correcta, no es menos cierto que no se puede descalificar por completo a todo un cuerpo normativo porque no concordamos con una pequeña parte de este; más aún si se tiene en consideración que el problema de anular el ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva no tiene su origen en el año 2013 con la promulgación de la Ley N° 30057, sino que ello se remonta a la Ley Anual de Presupuesto del año 2006 que incluyó ciertas medidas de austeridad que prohibían de forma arbitraria que el Estado mejorase las condiciones económicas de sus empleados bajo cualquier modalidad o mecanismo, sin importar la fuente de financiamiento. Es de mencionar que dichas medidas de austeridad se han mantenido vigentes hasta la fecha en las sucesivas Leyes Anuales de Presupuesto que el Congreso ha venido aprobando.

Como podemos colegir, lo correcto sería referirse a la derogación de una parte de la Ley Servir y también de las citadas normas de austeridad del gasto público contenidas en las Leyes Anuales de Presupuesto, más aún si se tiene en consideración que el propio TC ha sentenciado en el año 2015 que tales medidas de austeridad son contrarias al ordenamiento constitucional.

Finalmente, considero que los candidatos tienen la mesa servida si realmente quieren hacer un acto de justicia con los trabajadores estatales, salvo que por alguna poderosa e inexplicable razón prefieran continuar con los parámetros que impone el MEF con sus fríos criterios presupuestales.





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