Diethell Columbus Murata

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Sanciones penales de papel

  • Fecha Viernes 18 de Marzo del 2016
  • Fecha 12:00 am

En alguna oportunidad conversaba con otros abogados por varios temas de coyuntura y se me ocurrió plantearles un “caso hipotético”, en el que un ciudadano había cometido un delito y existían pruebas irrefutables de ello, con lo cual la consecuencia sería una sentencia penal condenatoria, sin embargo, la pena por tal delito era la privación de la libertad por un mínimo de dos días hasta un máximo de tres meses.

Abonando al ejercicio jurídico planteado, les remarqué que de acuerdo a la normatividad vigente, si la sanción establecida para el delito imputado es menor a dos años de pena privativa de la libertad, el juez puede decidir válidamente exonerar al imputado de tal condena. Adicionalmente, esa misma normativa señala que si el Poder Judicial no emite una sentencia condenatoria en un plazo determinado, se aplicaría lo que se denomina la prescripción de la acción penal, es decir, la extinción de la potestad sancionadora del Estado para castigarte por la infracción cometida. El plazo de la acotada prescripción sería en el peor de los casos de cuatro meses y medio. Cabe señalar que la práctica jurídica nos ha enseñado que desde que se presenta la denuncia y esta es derivada a la PNP y luego al Ministerio Público y demás actos procesales, pueden transcurrir tranquilamente cuando menos seis meses, es decir, para el hipotético planteado la acción penal estaría prescrita antes que lo vea un juez.

Como agregado final al caso hipotético, se indicó que existe una discusión sobre la necesidad de derogar o mantener dicha infracción penal.

Luego de una discusión amical, todos coincidimos en el hecho de que la sola existencia de este tipo de delitos y sus consecuentes sanciones, son una burla desde el punto de vista de la dogmática penal, puesto que resulta incoherente que se regulen supuestos delictivos que el propio ordenamiento señala que no tendrá consecuencia punitiva o jurídica alguna para el que lo comete y, bajo esa tesis, se concluyó que dada la insignificancia penal de este delito en función a la inaplicabilidad de una sanción, sería lo mismo si la norma se mantiene vigente o se deroga del ordenamiento penal.

Antes de retirarme de la reunión, les comenté a todos que no era un caso hipotético lo discutido, puesto que en realidad les había hecho un pequeño recordatorio sobre lo que regula el artículo 120° del Código Penal respecto del delito de aborto como consecuencia de una violación sexual. Luego de un breve silencio, empezó otra discusión ya más principista o valorativa entre los que se consideran conservadores versus los liberales y se olvidaron de todo lo dicho hasta ese momento.





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