Diethell Columbus Murata

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Sufragio: Ciudadanía, residencia y edad

  • Fecha Domingo 21 de Agosto del 2016
  • Fecha 12:00 am

De los artículos 30° y 31° de la Constitución, se entiende que solo el ciudadano peruano, mayor de 18 años e inscrito en el Reniec, puede ejercer la potestad de elegir autoridades (sufragio activo) o la posibilidad de ser elegido en un cargo público (sufragio pasivo). En ese contexto, queda claro que el ser peruano es un requisito elemental, por ejemplo, para ser elegido Presidente de la República, congresista, gobernador regional o consejero regional; no obstante, esa uniformidad constitucional se quiebra en el ámbito municipal, pues la Ley de Elecciones Municipales establece que un extranjero también puede elegir y ser elegido como alcalde o regidor de una jurisdicción determinada.

Por su parte, la edad mínima para el ejercicio de este derecho es de 18 años, sin embargo, las autoridades electorales han interpretado que en función a las normas del Código Civil, es posible que una persona mayor de 16 años y que esté casada o que tenga un título profesional o técnico, puede ejercer el derecho al sufragio activo; bajo la premisa de que en esa circunstancia se adquiere la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles. Esta interpretación no solo va más allá de lo que señala la Constitución, sino que adicionalmente resulta discriminatoria, pues no tendría lógica que este grupo de peruanos solo tengan derecho a elegir pero no pueden ser elegidos en ningún puesto que no exija una edad mínima distinta a la mayoría de edad. Al parecer se olvidaron que el ejercicio del sufragio contiene dos dimensiones indesligables.

Finalmente, la residencia es un requisito importante para ejercer el derecho al sufragio, pues resulta obvio que no se debería postular a un cargo público en una jurisdicción en la que no se vive. En esa línea, el sistema electoral ha respetado el criterio de residencia para postular a determinados cargos, salvo en el caso de un alcalde o regidor; a los que solo se les exige acreditar un domicilio cualquiera con no menos de dos años de antigüedad, en la jurisdicción por la que se postula. Cabe señalar que la residencia es aquel lugar donde el candidato tiene su hogar y el domicilio puede ser la dirección de su centro laboral o aquel que se consignó ante la Sunat o el que se informó para un proceso judicial u otros. Como podemos advertir, no resulta lógico que se aplique un criterio legal para todos los casos excepto a un grupo y, en segundo lugar, este absurdo permite que se elijan autoridades golondrinas, es decir, aquellas que gobiernan una provincia o distrito y no viven en dicha circunscripción.

Veamos si estos ejemplos son recogidos en el debate de la urgente #ReformaElectoral.





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