Diethell Columbus Murata

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Susana, Keiko y Nadine

El fiscal Carlos Puma solicitó 36 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa Susana Villarán por el dinero entregado por las contratistas municipales Odebrecht y OAS. Es indudable que el fiscal está en su derecho de solicitar lo que crea conveniente, pero también está obligado a sustentar la racionalidad de aquello que le pide al juez.

Me explico. Según el artículo 272 del código procesal penal, el plazo máximo de la prisión preventiva es de 36 meses prorrogable por 12 meses (casos de criminalidad organizada). En buen romance, la norma procesal peruana estipula plazos máximos, lo que implica que el fiscal debe sustentar por qué pide el máximo de encarcelamiento y no 20 o 10 meses.

¿Recuerdan que algún fiscal del caso Lava Jato haya motivado su pedido en este extremo? Aquí no se trata de pedir prisiones preventivas a granel por lapsos antojadizos para aparentar que la “mano dura” se aplica a todos por igual. Eso es más político que jurídico.

Por su parte, el fiscal Rafael Vela no quiere que la casación de Keiko Fujimori sea resuelta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema como procesalmente corresponde. Por ello ha planteado que a efectos de tener “mayor legitimidad social” (lo que digan las encuestas), el expediente debe ser visto en un pleno casatorio integrado por todos los jueces penales supremos.

Este fiscal ha decidido que para él no vale lo que dice el artículo 433° del código procesal penal respecto a cuándo o en qué casos procede la expedición de sentencias plenarias. Mucho menos prestará atención a las declaraciones del juez supremo César San Martín que deja sin piso su caprichoso pedido.

No. Aquí lo que interesa es que su “legitimidad social” y la de los rockstar del equipo Lava Jato no se vean melladas por cuestiones absurdas como el respeto a la ley.

Finalmente, el fiscal Germán Juárez ha pedido 26 años 6 meses de prisión para Nadine Heredia por supuestamente lavar activos a través del Partido Nacionalista.

Reitero: 1) En la Ley peruana no existe el delito de financiamiento ilegal de campañas políticas. 2) Recién con el referéndum del año pasado nace la obligación de regular este delito. Hasta el día de hoy no existe. 3) La ley penal exige que para que exista lavado de activos, se debe probar que quien recibe el dinero sabía o presumía el origen ilícito de lo recibido. 4) Barata habría declarado que ni él sabía el origen de lo que entregaba.

¿52 meses de investigación para esto?

La justicia penal no debe usarse como instrumento para mejorar la legitimidad social (popularidad) de nadie. La justicia penal se funda en la ley y no en cuestiones políticas. La justicia penal no puede avalar el abuso del derecho, así te apellides Villarán, Fujimori o Heredia.





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