Diethell Columbus Murata

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Un paso adelante ¿y dos atrás?

  • Fecha Miércoles 27 de Abril del 2016
  • Fecha 12:00 am

En estos días ha saltado a la palestra electoral la posibilidad de que se derogue la Ley N° 30305 que aprobó, entre otras cosas, que ya no es posible la reelección de gobernadores regionales o alcaldes. Como bien recordamos, dicha medida fue aprobada con miras a satisfacer la expectativa de un gran sector de la ciudadanía que ha perdido la confianza en sus autoridades por diversas y muy justificadas razones.

Con la finalidad de entender cuál fue el sustento o “espíritu” de esta Ley, recurrimos al diario de debates del Congreso de la República, y en él podemos apreciar que lo que primó fue la intención de mitigar los actos de corrupción de tales autoridades, es decir, si no hay reelección no habría corrupción.

Es preciso señalar que el sustento de esta reforma es por lo menos poco adecuado, puesto que el debate no debió centrarse en señalar que con esta medida se solucionaría el problema que se pretende atacar; habida cuenta que el hecho que una autoridad gobierne solo por un período no nos garantiza de ninguna manera que se elimine la corrupción. Dicha situación es tan irreal como el hecho de suponer que el tener congresistas reelectos nos garantizará una buena labor legislativa.

Siendo realistas, quien llega al Estado para “servirse de éste” lo hará de igual forma en cuatro, ocho o en 12 años, por ello, el restringir el tiempo de sus mandatos no evitará la comisión de actos de corrupción y solo conllevará, en mi opinión, a que estos individuos ajusten su “plan de negocios” para obtener el máximo de utilidades en un tiempo menor. Lógica reprochable pero quizá muy apropiada.

En todo caso, si la intención fue combatir la corrupción, el Congreso de la República debió aprobar medidas legislativas que fomenten una mayor transparencia de gestión como la implementación de políticas de gobierno abierto, dotar a la sociedad civil de mayores herramientas de control ciudadano o potenciar a los organismos de control.

Debe tenerse claro que la reforma aprobada no es mala per se, sin embargo, las motivaciones de la misma son insubstantes y populistas y, al final, “los justos pagan por pecadores” porque así como pueden existir funcionarios corruptos, también los hay aquellos que son honestos y con real vocación de servicio y que no son pocos, pero para efectos de esta Ley todos son iguales.

Finalmente, me permito recordar que la promulgación de la Ley N° 30305 implicó la reforma de nuestro ordenamiento constitucional, por ello en el hipotético caso que se pretenda retornar el escenario anterior, necesariamente implicará un proceso de contra reforma constitucional.

Esperamos una mejor producción legislativa a partir de julio de 2016.





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