Promulgada la Ley 30220 en junio de 2014, se creaba un ente supra universitario denominado Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y le otorgaba al Ministerio de Educación el rol de “ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”; se oficializaba entonces la extinción de la autonomía de las instituciones de educación superior y se iniciaba un largo proceso de más de ocho años, en cuyo interregno se produjeron los atropellos más indignantes en contra de la educación universitaria y específicamente contra el insoslayable derecho a abrazar una profesión de miles de estudiantes y sus familias que vieron frustradas sus legítimas aspiraciones, al quedar en una especie de limbo por la clausura de las universidades donde estaban estudiando. Ninguna entidad pública, ni consejeros de la educación ni menos la Sunedu se preocupó porque esa importante cantidad de estudiantes afectados sean reubicados en otras universidades para continuar sus estudios. Por años, muchas de estas entidades funcionaron por mandato del Poder Judicial, y otras creadas por ley; con una resolución del Consejo Directivo de Sunedu, las cerraban, mientras que en las mismas regiones se otorgaba licencia a entidades en planos y terrenos. Fuimos testigos de la gran ausencia de una política pública que fortalezca la universidad y de una publicidad millonaria en nombre de la calidad. El control fáctico que por entonces ejercía el gobierno de Humala sobre el Tribunal Constitucional impidió que las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 30220 prosperen y, por el contrario, se emitió una sentencia declarando constitucional una norma que fue aprobada en el Congreso, con ostensibles pruebas de su carácter antagónico al espíritu del Art. 18 de la Constitución Política del Perú.

A partir de entonces se inició un vía crucis para las universidades, que se convirtieron en entidades avasalladas, porque perdieron la potestad de aprobar sus propias normas, gestionar su presupuesto, y sus programas académicos, viviendo en la incertidumbre de que, en cualquier momento, la Sunedu las multara o les suspendía la licencia, en especial a las universidades públicas, que fueron abiertamente sometidas. Ese es el motivo por el que muchas universidades que adoptaron posiciones críticas frente a la mal llamada “reforma universitaria” fueron víctimas de persecución y hostigamiento, como el cese ilegal de funciones de sus autoridades. A pesar de todo, las universidades con sus propios méritos, lograron escalar en los rankings internacionales y promover la educación universitaria en todos sus ámbitos en beneficio de los jóvenes.

Es en este sentido que el año 2022 marcó una ruta distinta para los defensores de la calidad con autonomía; y, gracias a la incansable lucha del movimiento universitario que conformaron la ASUP y ANUPP y el liderazgo de un grupo de rectoras, sensibilizaron a los miembros del Congreso de la República, los que, conscientes del problema, aprobaron la Ley 31520 que restituye la autonomía y la dignidad a las universidades, otorgándole un carácter más representativo al directorio de la Sunedu.

La aprobación de la Ley 31520 generó la reacción de los grupos de poder político y económico que se beneficiaban de este sector, y acudieron a maniobras leguleyescas para impedir el cumplimiento de la ley. Finalmente llegó la justicia, el Tribunal Constitucional, integrado actualmente por magistrados honestos e imparciales, mediante sentencia, establecieron la constitucionalidad de la Ley 31520, modulando su ejecución para que los miembros del directorio de la Sunedu tengan carácter plural y actúen con plena independencia desde el momento de su elección.

El mismo Tribunal Constitucional señaló que modificar el Consejo Directivo de la Sunedu no implicaba realizar una acción inconstitucional, por el contrario resalta que existe una conformación total de representantes de las universidades sino que también participarán instituciones del Estado que aseguran la calidad como el Sineace, Concytec y el Ministerio de Educación, por lo que la presencia del Ejecutivo está asegurada; en ese sentido, al indicar que no existe ninguna objeción respecto a la participación de la representación de la academia, invoca a que se cumpla con los intereses de la nación en materia universitaria.

Se acabó el vía crucis de la Autonomía Universitaria, corresponde mirar hacia adelante, recuperando la fortaleza institucional, en aras de que los objetivos académico científicos se materialicen pronto, por el bien de la educación superior en el Perú y de nuestra sociedad.