La primera frontera contra la seguridad de un Estado -en nuestro caso el Estado constitucional de derecho, democrático y representativo- es la policía. Si la policía es desarmada la seguridad del Estado corre grave peligro. Por eso es que incluso en las invasiones territoriales provocadas por las guerras, los vencedores suelen desarmar a las FF.AA., pero dejan a la policía en servicio en aras de conservar las estructuras elementales del orden interno del país sometido. En nuestro país no ha habido ninguna invasión, pero, aun así, desde el centro del poder mismo, una camarilla minoritaria que el Congreso absurdamente encumbró para liderar el país, ha desarmado a la policía en nombre de la doctrina de unos pretendidos “derechos humanos” impuesta a punta de recomendaciones de la CIDH y de ONG como Human Rights Watch, cuyo capitoste, Miguel Vivanco, lleva décadas al frente como si fuera un rey. Es que así son los caviares, groseramente cínicos para recomendar que otros hagan lo que ellos no practican. Así, mediante una serie de “protocolos” y “doctrinas”, se pretende que la policía quede desarmada en el cumplimiento de sus funciones, es decir, que esté de adorno, pues una policía que no puede emplear una fuerza mayor y más efectiva a la que emplean los delincuentes y enemigos del Estado y la sociedad, está pintada en la pared. Cualquiera con sentido común sabe que, para disuadir, la proporción debe estar siempre en escala superlativa al empleo de la fuerza por parte de quien pretende ejercer la disuasión, en este caso la policía.

De lo contrario sucederá no solo que nadie se disuadirá, sino aún peor, que los delincuentes y enemigos de la sociedad irán a por la policía para secuestrarlos y vejarlos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Perú por obra y gracia del gobierno del partido Morado que asienta sus reales en Palacio sobre dos muertos que, digámoslo con claridad, se encontraban en una posición de clara confrontación violenta con la policía en las marchas de noviembre que derrocaron al presidente constitucional Merino. ¿A santo de qué Sagasti, Bermúdez, Gino Costa, Basombrío y Elice quieren desarmar a la policía? ¿Buscan que el Estado quede desguarnecido? ¿Para qué? Un Estado a la merced de las turbas es un Estado a la merced de cualquiera. ¿Esa es la lógica? ¿Que cualquiera se encarame con el poder y cambie de Estado? En la historia universal el análisis político muestra que solo hay una alternativa posible para quienes defienden un Estado, cualquiera sea este: la reacción. Esta puede triunfar o fracasar. Un fracaso clamoroso de defensa de un Estado fue el golpe militar que realizaron en 1991 los militares que pretendían conservar la unidad del Estado soviético.

La oposición de un líder civil firme y valeroso como fue en su momento Boris Yeltsin, así como el desarraigo de la población por el golpe, ocasionaron la ruina de los golpistas y meses después de la Unión Soviética, cuya bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada por última vez un día como hoy, 25 de diciembre, en Navidad. Por otro lado, un ejemplo exitoso de reacción contra el desmantelamiento de un Estado constitucional y democrático representativo fue el golpe de Augusto Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973, cuando la izquierda en el poder pretendía cambiar de Estado por uno comunista. La transición militar fue larga y costosa en vidas, pero al final Chile recuperó su libertad y democracia cuando los militares perdieron un plebiscito para seguir al mando. En el Perú, si bien las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, hasta ahora no hay ni un solo liderazgo democrático que se vea con la suficiente fuerza y poder para conjurar el desmantelamiento de la defensa del Estado de derecho que está haciendo el gobierno transitorio del partido Morado. Esto quiere decir que, o se ponen los pantalones los líderes civiles, o la cosa puede terminar a sablazos.