Dr. Luis Sánchez

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EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO

  • Fecha Jueves 17 de Septiembre del 2015
  • Fecha 12:00 am

La Declaración de los Derechos del Niño, en el año 1959, ya lo definía, que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual, y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgarse leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño, en consecuencia el derecho del niño de ser escuchado, encontrándose en el deber y obligación los Estados, que forman parte de la Convención de los Derechos del Niño, garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del infante.

Para tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

En décadas anteriores, el interés superior del niño no tenía mucha trascendencia, la prioridad la tenían los padres que ejercían la patria potestad, empero con la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, las Convenciones y Tratados Internacionales de protección a la infancia, los conflictos judiciales y administrativo el interés superior del niño prevalece ante las opiniones de los padres biológicos, adoptivos, tutores o personas que representan al menor. Tanto es así que los procesos en el derecho de familia, cuando se trata del ejercicio de la patria potestad, régimen de visitas, tenencia, adopciones, infractores a la ley penal, divorcio, violencia doméstica.

En el derecho penal, cuando se ventilan casos de agresiones sexuales a menores y son evaluados a través de la Cámara Gesell, y los operadores de justicia se encuentran en el deber de evaluar las declaraciones del niño con el apoyo de los dictámenes psicológicos, psiquiátricos e informes sociales, que constituyen pruebas auxiliares que van ayudar al juez, a tomar una decisión asertiva, justa, arreglada a ley, humana, decidiendo si el menor o menores deben quedar al cuidado de uno de los padres o la adopción a cargo del adoptante debe ser amparada o debe colocarse al menor en una familia sustituta o cuando el menor se encuentra en un abandono moral y económico existirá la necesidad de institucionalizarlos.





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