Dr. Luis Sánchez

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Otorgamiento de garantías personales

El otorgamiento de garantías personales, es, un procedimiento que se tramita ante los Gobernadores competentes y la Dirección General de Autoridades Políticas de la Oficina Nacional de Gobierno Interior- ONAGI, respetando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y normas aplicables.

La finalidad es fortalecer la presencia del Estado, especialmente en las zonas más alejadas, mediante el otorgamiento de garantías personales, con el propósito de proteger a las personas ante actos de amenaza, coacción, hostigamiento, violencia o violencia familiar y cualquier otro acto que atente contra la integridad, la paz y la tranquilidad de las personas.

La base legal, es la Constitución, Ley de Procedimientos Administrativos, Ley de Violencia Familiar y la Directiva de Otorgamiento de Garantías Personales Nº. 0010-2015-ONAGI-DGAP, que regula el procedimiento de llevar a cabo la solicitud de garantías, ante el Gobernador Distrital, en el lugar donde ocurrieron los hechos, expresando de manera clara, ordenada y precisa los motivos del pedido con copia del documento nacional de identidad o carnet de extranjería del solicitante, acompañando los medios de prueba, como son, documentos, fotografías, videos, declaración de testigo y otros, que tengan relación con la solicitud de garantías; y no como hacen otras personas, asesorados por incompetentes letrados, que a sabiendas que ese no es el camino a seguir, lo hacen con la finalidad de buscar algún soporte en los procesos judicializados entre las partes, mezclando hechos que no tienen ninguna relación con las garantías personales; y en estos casos, el Gobernador, debe ser muy prolijo, minucioso y con mucho sentido común, cuando advierta, que la solicitud de garantías obedecen a hechos falsos, no son claros o no tienen ninguna vinculación con las afirmaciones que sustentan la solicitud de garantías, pudiendo resolver varias alternativas, declarando inadmisible la pretensión, otorgando al solicitante tres días para que subsane las observaciones, sí a pesar  de haber subsanado, no producen certeza, declarara improcedente la pretensión. De otro lado, el Gobernador, podría resolver de plano, declarar improcedente por no reunir los requisitos exigidos en la Directiva de Otorgamiento de Garantías Personales; y sí admite, la solicitud de garantías y el solicitante, no prueba sus afirmaciones, resolverá infundada, la solicitud de garantías o fundada, sí le asiste el derecho al solicitante.

En la práctica observamos, que los Gobernadores, admiten a trámite cualquier solicitud de garantías personales sin darse el trabajo de estudiar la solicitud y resuelven al final, por eso, las Gobernaciones, se encuentran saturadas de solicitudes sin resolver e incluso son inoficiosas por adolecer de sustentación jurídica que se vinculen con los hechos pretendidos; y lo que es más grave aún, son cargos políticos, que hoy en día se requiere que sean Abogados o estudiantes de los últimos años de derecho, para que le den la solemnidad y garantía, que este procedimiento requiere para una solución de conflictos, que es el día a día de buscar una adecuada convivencia humana.





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