Dr. Luis Sánchez

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Proceso competencial

El Congreso a través de su presidente y presidente de la Comisión Permanente, ha interpuesto una acción competencial, ante el Tribunal Constitucional, a raíz de la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra con la finalidad que resuelva en esa instancia constitucional, que el ejecutivo no está facultado para disolver el Congreso por interferir en los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional, porque son de exclusiva competencia del Poder Legislativo, como reza del artículo doscientos uno, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado.

Solamente está facultado de disolver el Congreso, el Presidente de la República de conformidad con el artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución del Perú, cuando éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, que no es el caso. El día de la elección del señor Doctor Ortiz de Zevallos Olaechea Gonzalo, como magistrado del Tribunal Constitucional, el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, interrumpió el pleno solicitando el voto de confianza orientando como debía elegirse a los miembros del Tribunal Constitucional, posición que no está dentro de sus atribuciones o facultades, que son exclusivamente del Congreso, conforme a la norma constitucional invocada, que provocó inconstitucionalmente disolver el Congreso.

El Tribunal Constitucional, tiene legitimación y representación para conocer los conflictos que se susciten sobre la competencia o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, como es el caso de la acción competencial. Sí bien es cierto, el artículo ciento nueve del Código Procesal Constitucional inciso tres, exige que tratándose de entidades de composición colegiada la decisión requerirá contar con la aprobación respectivo del pleno. Pero debemos tener en cuenta, el artículo ciento treinta y nueve inciso ocho de los principios y derechos de la función jurisdiccional de no dejar de administrar justicia por vacio o deficiencia de la ley.

En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, la paz y la justicia social. Si bien no existe pleno, no se puede exigir una formalidad que no existe por haber sido disuelto el Congreso inconstitucionalmente, en aras de la tutela jurisdiccional, el debido proceso, el Tribunal Constitucional, debe admitir la demanda, sustanciarla de acuerdo a su naturaleza y oportunamente declararla fundada sin perjuicio de declarar procedente la medida cautelar instaurada retrotrayéndose al estado de que el Congreso continúe en funciones y solicitar la vacancia del Presidente Vizcarra por responsabilidad constitucional de conformidad con el artículo ciento diecisiete de la Constitución Política del Estado; y para eso necesitamos un perfil del Juez Constitucional, que cumpla con el decálogo del Juez, especialmente que posea objetividad y razón, independencia e imparcialidad y trascendencia en sus decisiones y no jueces que mezclan lo política con el debe ser de su función.

Es importante dejar establecido que los conflictos de competencia y fines de los procesos constitucionales es garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales como el caso en comento.



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