Ha concluido el proceso electoral más cuestionado de la historia del Perú, con pena y sin gloria. Dicen algunos entendidos que la ciudadanía ha quedado dividida en aproximadamente 50% por los que votaron en segunda vuelta por el candidato proclamado y el otro 50% por su contendora. Discrepo de tal apreciación puesto que, en cifras gruesas, el proclamado tuvo alrededor de 8’000,000 de votos oficialmente y su contraparte algo más de 40,000 menos que aquel.
Afinando guarismos el proclamado tuvo más o menos el 35% de los votos y que, sumados los votos de la candidata contendora, más los que irresponsablemente no emitieron su voto, junto a los que votaron en blanco o anularon su voto, tenemos que el 65% de los que estaban registrados en el Padrón Electoral, no sufragaron por el proclamado y, no puedo decir candidato ganador porque quedan dudas y tampoco candidato exitoso, pues el supuesto triunfo podría ser pírrico.
Como dice el encabezado de esta columna, el proceso electoral que acaba de concluir deja dudas, quedan sombras y permanecen sospechas, y todo ello por la deficiente actuación de los organismos electorales, que pudiendo hacer una tarea prístina, no han generado credibilidad en los ciudadanos, al negarse a efectuar confrontaciones con el Padrón Electoral. Prefirieron la inacción, sabe Dios con qué propósitos.
En las redes sociales se habla de cerca de treinta irregularidades para no calificarlas con términos más duros. Entre ellas se señala que votaron personas fallecidas; que internos en penales emitieron voto; que hubo menores de edad como miembros de mesa; que se cuestionaron actas en que la contendora ganaba limpiamente; diferencias estadísticamente objetables entre resultado de la primera y segunda vuelta, respecto de la votación de la candidata; actas en que en segunda vuelta se consigna que el candidato tuvo el 100% de los votos, resultado difícil de creer.
Pero hay más, ni el JNE dispuso la exhibición de los padrones por la ONPE, ni esta última los mostró pudiéndolo hacer; evidencias del adoctrinamiento a personeros del candidato con instructivos de falsear resultados; rechazo de impugnaciones por extemporáneas pese a que no se había vencido el plazo para formularlas; campaña electoral con indicios de utilización de fondos indebidos para no hacer señalamientos más graves; candidata a vicepresidenta impedida de postular pero a otros candidatos sin razón legal alguna se les impidió estar en la partida; y no sigo para no cansarlos.
El Congreso tendrá que cumplir con su tarea de contrapeso democrático y de control constitucional de las acciones del Poder Ejecutivo que se instale, debiéndolo hacer dentro de la legalidad y teniendo en cuenta que la Democracia exige balance de poderes. A su vez los ciudadanos tenemos que estar atentos y vigilantes para evitar que las autoridades que asuman responsabilidades públicas lo hagan infringiendo la normatividad constitucional y legal.
Lo cierto es que hay mucha desconfianza y no es para menos. Dicen que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, pero en este caso ambas continúan y estará en manos de las autoridades ganarse el respeto ciudadano.

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