“Ecocidio”: nuevo delito contra la humanidad

“Ecocidio”: nuevo delito contra la humanidad

Los atentados contra el medio ambiente en el Perú se han convertido, al parecer, en acontecimientos rutinarios. Tras el derrame de petróleo en la zona litoral marina de la Refinería La Pampilla en enero del presente año, el problema se repitió en la Amazonía. A tal punto que el 24 de septiembre se declaró en emergencia ambiental las zonas de Cuninico y Urarinas por causa del derrame de 2,500 barriles de petróleo en una zona de pesca artesanal, hecho que afectó a seis comunidades del pueblo Kukama. Hasta el año 2019 ya se habían producido en la Amazonía peruana cerca de quinientos casos de derrame de petróleo que afectaron tanto a los ecosistemas como a las comunidades aledañas que subsisten con los recursos naturales de la zona. Estos accidentes pudieron evitarse con la debida diligencia de las empresas responsables.

Durante su discurso en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal celebrado el 15 de noviembre de 2019, el Papa Francisco resaltó la responsabilidad de las empresas mediante una nueva figura penal llamada “Ecocidio”. Esta figura comprendería la contaminación del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. En el ordenamiento penal peruano, la contaminación ambiental está prevista como un delito común más y sobre este recae una respuesta punitiva relativamente grave. Además, las personas jurídicas involucradas en este delito no son sujetos de una sanción penal en estricto sentido: únicamente lo son quienes tienen a su cargo su representación, de acuerdo al artículo 24° de nuestro Código Penal vigente.

El Santo Padre destacó que el “Ecocidio” debería ser considerado como un delito contra la paz. Sin embargo, a título personal, opino que debería ocupar un lugar en el Título XIV-A (Delitos contra la Humanidad) de nuestro Código Penal, puesto que todo bien protegido de carácter individual o colectivo carecerá de sentido si tenemos un planeta inhabitable para las futuras generaciones. En ese marco, será necesario replantear los alcances de las consecuencias accesorias a las penas previstas en el artículo 105° del Código Penal (clausura de locales, cese de actividades y disolución de las personas jurídicas, e imposición de multas), de tal manera que dichas penas puedan imponerse a las empresas que no cumplan con sus deberes de vigilancia y garantía.

El derecho penal afronta nuevos desafíos, siendo uno de ellos la creación de un nuevo orden con miras a reforzar posiciones respecto a la criminalización de determinadas conductas que se han convertido en un peligro inminente para la humanidad. El Sumo Pontífice hizo un llamado a los juristas para reflexionar sobre estos problemas y obtener la respuesta del derecho como una forma de establecer límites y asegurar la protección de los ecosistemas.

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