La “Norma Técnica para el Año Escolar 2025”, emitida por el Ministerio de Educación del Perú, trata de ser una respuesta a los desafíos actuales del sistema educativo. Su objetivo principal es garantizar un proceso educativo de calidad, inclusivo y adaptado a las necesidades específicas de cada institución para fomentar el desarrollo de competencias socioemocionales de los estudiantes. Al respecto, en octubre de este año, se incorporaron aproximadamente 750 psicólogos a colegios públicos; que, si bien representó un avance para el acompañamiento especializado, aún está lejos de representar, siquiera, el 10% de instituciones educativas del país.
Este marco normativo busca atender las consecuencias de la postpandemia, como la alta densidad estudiantil y las brechas de aprendizaje, fomentando ambientes escolares seguros y equitativos. En esta línea, ya en 2018 el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU estableció lineamientos para la convivencia escolar y la prevención de la violencia, mientras que en 2022 el Decreto Supremo N° 013-2022-MINEDU amplió estas medidas al promover el bienestar socioemocional en la educación básica. Estas iniciativas demuestran un compromiso continuo, aunque su impacto aún enfrenta retos significativos debido a limitaciones en su implementación y alcance.
Frente a la preocupante expansión de la violencia escolar, en 2024 se implementaron actividades del Programa Presupuestal 1001, orientadas al desarrollo de habilidades socioemocionales y la prevención de la violencia sexual en niños y niñas de nivel primario. Aunque estas acciones se llevaron a cabo en instituciones focalizadas, enfrentaron limitaciones como un inicio tardío en junio y la interrupción por feriados, lo que evidencia la necesidad de una mejor planificación y recursos adecuados para garantizar su efectividad en 2025.
El panorama es alarmante: Lima Metropolitana registró más de dos mil incidentes de violencia entre estudiantes este 2024, muchos de ellos grabados y difundidos en redes sociales por los propios alumnos. Estas agresiones no solo afectan el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también generan problemas de depresión, baja autoestima y, en algunos casos, fomentan la formación de pandillas.
Además, el portal SíseVe reportó más de 3.500 casos de violencia sexual en entornos escolares, la cifra más alta desde 2013. Estas estadísticas exigen acciones concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y reconstruir la confianza en el sistema educativo.
La violencia en las aulas no es un fenómeno aislado; la relación entre la familia y la escuela desempeña un papel clave en su prevención. Con frecuencia, los padres niegan las faltas de sus hijos, perpetuando una carencia de valores que debilita la autoridad de los docentes y el rol de la escuela como institución educativa.
El bullying, como una forma extendida de violencia escolar, también plantea un desafío crítico. Según el Ministerio de Educación, esta problemática se caracteriza por agresiones físicas, verbales y psicológicas, que afectan profundamente el bienestar de los estudiantes, deterioran el ambiente escolar y limitan las oportunidades de aprendizaje. Para combatirlo, es necesario fortalecer la tutoría, la orientación educativa y las normas de convivencia consensuadas. Además, se debe capacitar a docentes y directivos en el manejo de casos con un enfoque restaurativo que permita la reparación del daño y el desarrollo de habilidades socioemocionales tanto en las víctimas como en los agresores.
Los padres de familia, por su parte, tienen un rol fundamental: establecer un diálogo cercano con las escuelas y mantenerse activos en el seguimiento de sus actividades es esencial para mejorar la seguridad y la convivencia en los colegios.
La tecnología, como herramienta estratégica, puede potenciar estas iniciativas. Plataformas como SíseVe no solo facilitan la denuncia de casos, sino que también promueven la participación activa de estudiantes, docentes y familias en la construcción de comunidades escolares inclusivas y respetuosas. Además, la integración tecnológica permite identificar y prevenir situaciones de acoso de manera más efectiva.
Para 2025, las prioridades como el bienestar socioemocional y la convivencia escolar deben materializarse en cambios reales. Fomentar espacios seguros, eliminar barreras de aprendizaje y valorar la diversidad son metas necesarias que requieren estrategias bien implementadas y monitoreadas. Sin estos elementos, corren el riesgo de quedarse como propuestas teóricas sin impacto tangible en las escuelas.
El fortalecimiento de las capacidades del personal docente y administrativo también es indispensable. Equipos preparados para afrontar los desafíos educativos actuales, con el apoyo de la tecnología como un eje transversal, pueden transformar la gestión de la convivencia y el aprendizaje en las escuelas. Este enfoque integral, respaldado por la normativa educativa, refuerza el compromiso del sistema con el bienestar de los estudiantes y la formación de ciudadanos responsables y empáticos.

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