Efecto bumeran…

Efecto bumeran…

Toda la izquierda peruana ha venido declarándose antiminera, pero no contra la minería ilegal o informal, sino contra la gran inversión minera que es la que más impuestos paga, aportando un canon adicional para las regiones donde se ubica el asiento minero y desarrollando muchas otras obras vinculadas a la responsabilidad social de las empresas.

Las oenegés de los grupos de izquierda, vinculadas a la presunta defensa del medio ambiente, se dedicaron a soliviantar a las comunidades y poblaciones en contra de la gran minería a la que han presentado siempre como depredadores que se enriquecen a costa de empobrecer a las poblaciones aledañas, impulsando una perspectiva de responsabilidad solo entre las empresas mineras y las comunidades olvidándose que las empresas negocian con el Estado suscribiendo contratos con estipulaciones de obligatorio cumplimiento cuyo control de ejecución tiene que ser un objetivo fundamental de los entes estatales competentes.

En tal escenario, los frentes de defensa de cada comunidad se fortalecieron por la ausencia estatal y comenzaron a exigir a las empresas mineras más recursos, más obras locales y el estricto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, olvidando que para eso tienen autoridades locales, regionales y el gobierno central, los cuales, a pesar de recibir ingentes fondos por impuestos y canon, no desarrollan inversiones ni obras para mejorar los servicios públicos ni el nivel de vida de las comunidades circundantes.

Lo absurdo de esta situación es que, durante los últimos gobiernos, los infiltrados en el aparato estatal con cargos de asesores, viceministros y ministros, entre otros, en vez de buscar el modo de armonizar la distribución de recursos, la actividad minera y la satisfacción social con inversión honesta y control idóneo de cumplimiento de las obligaciones contractuales, han venido impulsando reacciones violentas de las comunidades contra los grandes centros mineros.

En lo que va de este gobierno no solo tuvimos a una primera ministra antiminera, sino que en una sucesión de primeros ministros con la misma tendencia ideológica, casi nos fuimos acostumbrando a las tomas por asalto e incendio de campamentos mineros, llegando inclusive a bloquear el curso de agua para asfixiar a los trabajadores de Cuajone cuya situación se mantuvo más de cincuenta días.

Todo tenía visos de ser un plan maquiavélicamente elaborado y ejecutado desde el poder político de turno, hasta que se dispararon los precios del combustible, de los fertilizantes con el incremento imparable de los precios de los productos de primera necesidad, dándose cuenta el gobierno que al no tener ingresos por exportaciones el populismo vía entrega de bonos y exoneraciones tributarias estaba sujeto a plazo con desenlace incierto.

Ahora el gobierno ha declarado el estado de emergencia y enviado miles de policías a ordenar lo que el mismo gobierno ha desordenado.

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