Una gran presión se ha venido ejerciendo en los últimos meses, sobre todo hacia los jóvenes peruanos por parte de cierto sector del gobierno, prensa que le es útil y, qué duda cabe, de ongs que han encontrado en el tema ambiental un nicho en el cual sus promotores (la mayoría de ellos residentes en Lima) logran espacio y oportunidad para su realización laboral y para tener poder de hecho para influir en decisiones de gobierno y en el diseño de políticas públicas, sin tener que sujetarse al voto popular ni a las ingratitudes que implica transitar por el campo de la política y sobre todo sin incomodarse por satisfacer las exigencias deseables de transparencia y rendición de cuentas.

El objeto de esa presión es lograr que el Congreso de la República apruebe el denominado Acuerdo de Escazú, acuerdo impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que agrupa a 33 países de la Región y es una de las cinco comisiones regionales creadas en el seno de las Naciones Unidas. La misión de CEPAL es colaborar con los Estados miembros en el tema de los procesos de desarrollo.

CEPAL tiene sede en Chile y, coincidentemente, por décadas economistas y sociólogos chilenos han tenido relevante presencia en ella. El 2012, CEPAL impulsa la celebración del Acuerdo de Escazú que se consolida el 2014 con la Declaración de Santiago y termina de redactarse en marzo de 2018 en la ciudad costarricense que le da el nombre.
El 27 de setiembre de ese mismo 2018 se inicia, en Nueva York, la firma del tratado, logrando hasta hoy el apoyo de 22 de los 33 países miembros. De ellos, en dos años, solo 9 países lo han ratificado, con lo que aún no ha alcanzado el mínimo de ratificaciones (11) que tiene tiempo de lograr hasta el próximo 26 de setiembre, a fin de entrar en vigencia.

El Perú ha sido negociador y firmante del acuerdo, exclusivamente con intervención del Poder Ejecutivo. Por Resolución Suprema N° 183-2018-RE, de 18 de setiembre de 2018, el presidente Vizcarra y el canciller Popolizio autorizaron a la ministra de Ambiente a suscribir el acuerdo, cosa inusual en estos casos.

Recién en agosto de 2019 el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa N° 04645/2019-PE para obtener la aprobación del acuerdo, el cual, sin embargo, ya está registrado en el Archivo Nacional de Tratados.