La semana pasada resalté la gran presión que se venía ejerciendo para lograr que el Perú quede vinculado al llamado Acuerdo de Escazú, hice también una reseña sobre los aspectos formales de su gestación.
Hoy me referiré a su contenido y a los problemas que se relacionan con él.

El Acuerdo de Escazú es oficialmente el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

Resaltan sus defensores que se trata de un convenio sobre derechos humanos, lo que desde ya implica que según los artículos 56° y 57° de la Constitución vigente, terminada su negociación el Poder Ejecutivo debió obtenerse la aprobación del Congreso previa a cualquier suscripción y sobre todo a inscribirlo, como ya está, en el Archivo Nacional de Tratados.

De otro lado, lo de regional se refiere únicamente a que comprometería a países de esta Región, porque a estar a los beneficiarios se trata de un acuerdo global, mejor dicho, globalizante, ya que cualquier persona natural o jurídica del mundo pasa a ser parte del “público” con derecho no solo a ser informado sino a ser tomado en cuenta en la toma de decisiones internas de cada país parte en lo atinente al medio ambiente y al aprovechamiento de sus recursos naturales. (Art. 7).

Que una entelequia llamada “público”, no solo nacional sino mundial (aunque no resida ni pague impuestos en el país) se empodere por encima de las autoridades nacionales elegidas, sin duda vuelve innecesaria la existencia de tales autoridades, de la soberanía de los Estados, de su gobierno y del sistema de democracia representativa. Más aún hace ridícula la existencia de fronteras y de identidades nacionales.

Como sucede desde hace décadas, en el resucitar de esta suerte de democracia directa para los países que firmen el acuerdo (los que no firmen enviarán a su “público” a decidir en aquellos) resulta gran aliada la burocracia internacional, como aquella de la CEPAL, cuyo Secretario Ejecutivo termina, convertido en el poder real y permanente tras el trono, como Secretaría del acuerdo (Art. 17).

La inversión de la carga de la prueba para que el país acusado de daño ambiental deba probar que no dañó (art. 8.e) y la insólita prohibición a que se formulen reservas pese a tratarse de un acuerdo multilateral (Art. 23°), demuestra que más que Acuerdo de Escazú es el “Acuerdo CEPAL” y de los poderes económicos y geopolíticos a los que sirve de parapeto.