Mucho se ha hablado de la reactivación económica a propósito de la recesión en Perú. Incluso el Gobierno ha presentado un plan para ello. Dentro de los temas que son capitales para el empleo en el país -que viene reduciéndose por miles en estos meses- están sin duda la agricultura, las mipymes y el emprendimiento, la pesca, el transporte, los servicios, entre otros. Cabe señalar que la apertura comercial del Perú ante el mundo podría mejorar la situación económica actual con acuerdos de libre comercio o acercamientos económicos a otros países como India e Indonesia, algo que hay que estudiarlo.

Dentro de estos temas algo realmente potente desde la dimensión económica es la cuestión minera. La misma tiene dos perspectivas bastante diferentes, aunque ciertamente relacionadas. La viabilidad social de la gran minería o minería moderna por un lado y la formalización de la pequeña minería o minería artesanal, por el otro. Ambas son importantes.

Dentro de la gran minería hay que decir que tenemos en el Perú alrededor de 53 mil millones en proyectos mineros nuevos paralizados o ampliaciones que no salen adelante. El kid del asunto es cómo hacer viable socialmente esta gran inversion. Pienso que un nuevo impulso gubernamental distinto a esta segunda etapa de Perú Libre regentada por Boluarte a partir de 2026 debiera desburocratizar a la mitad o a la tercera parte los trámites que son necesarios para estos capitales. Y al tiempo se hace necesario redefinir el asunto del canon. Pienso que debemos ir hacia la aplicación del canon comunal, en donde los recursos pasen directamente a las comunidades para que se hagan proyectos de salud, educación, infraestructura agrícola, etc.; gran parte de ellos realizados por núcleos ejecutores. Pero además ir más allá y plantear que de este nuevo canon un 20% vaya a asignación directa de dinero a los ciudadanos del área de influencia de la mina. Recursos directos a los ciudadanos ayudarán a eliminar a los intermediarios y a los activistas antimineros que lucran usualmente del descontento social y de la falta de comunicación adecuada de las grandes empresas mineras, aún más frente a un Estado que poco o nada ayuda a viabilizar consensos para que se concreten las inversiones.

Por otro lado, hay que decir que las estimaciones sobre la minería artesanal -que involucra a aproximadamente 600 mil familias- dan cuenta de que los pequeños mineros extraen alrededor de la mitad del mineral de las entrañas de esta tierra. Para ellos hay que proponer una ley de formalización de verdad. Que ofrezca posibilidad de financiamiento, capacitación y tecnología a cambio de la posibilidad de una determinación clara de puntos pasibles de realizar extracción y sobre todo generar condiciones laborales decentes y cuidado ambiental. Plantas de procesamiento en provincias estratégicas mineras son importantes, por ejemplo Condesuyos, en Arequipa, para evitar que los productores sean timados o mal pagados respecto a “la ley” de su producción. Ayudarlos a lidiar contra la corrupción de las gerencias regionales encargadas del tema minero es clave también, así como beneficios tributarios para la importación de maquinaria.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.