Proclamada la Independencia, el General San Martín emprendió dos campañas militares tratando de vencer al ejército realista, sin poder lograr su propósito. Antes de retirarse del Perú, dejó instalado el Congreso Constituyente de 1822, compuesto por 79 diputados elegidos y 38 “suplentes” que representaron a las provincias aun no liberadas. Allí se darían cita los dos más grandes exponentes del pensamiento liberal, Javier de Luna Pizarro y José Faustino Sánchez Carrión. La Constitución que redactaron y aprobaron fue de corte asambleísta, inspirada por el radicalismo francés. No llegó a tener vigencia, ya que históricamente estaba ubicada en un período de transición; había comenzado el proceso emancipador, pero aún no había concluido; y, cuando fue necesario otorgar plenos poderes a Bolívar, no tardó en convertirse en dictador. Algo parecido le ocurrió a la Constitución de 1920, pues siendo producto de la derrota de la aristocracia que encarnaba el Partido Civil y del triunfo de las clases medias con Augusto B. Leguía, fue sepultada con él, tan solo para dar paso al fascismo criollo de Sánchez Cerro.

Así, se puede afirmar que las Constituciones que no han durado un período mínimamente razonable, obedecieron a procesos políticos inconclusos, en tanto fueron aprobadas antes que se consolide el flamante régimen político provisto de un nuevo sistema de partidos y, por ende, de los políticos capaces de desarrollar los principios y reglas del nuevo pacto social. Por el contrario, las Constituciones que sí han disfrutado de una presencia duradera y eficaz, como la de 1933, 1979 y 2003, fueron redactadas por la misma clase política que las usó, llevándolas incluso hasta los extremos de resistencia; la de 1933 con las continuas censuras ministeriales; la de 1979 con la hiperinflación y el terrorismo marxista, y la de 1993 con el abuso de las cuestiones de confianza, disolución congresal y vacancia presidencial.

La izquierda extremista aboga impaciente por una nueva Constitución, ignorando que nuestra historia recomienda esperar a que esta etapa de transición concluya con el surgimiento de nuevos partidos políticos y, con ellos, de una nueva clase política; sólo ella debe redactar una nueva Carta Magna, de juzgarlo necesario, no los pocos sobrevivientes del régimen que agoniza, pues han sido superados en número por caciques mafiosos, aventureros sin escrúpulos e ‘influencers’ carentes de formación política. Una Constitución debe ser el resultado final de un proceso que recoja, con madurez y prudencia, los profundos cambios operados en una determinada comunidad política, nunca el fruto del cálculo mezquino del arribista ni del criminal.