Las funciones de los órganos o poderes del Estado se refieren a la función legislativa, administrativa y jurisdiccional, correspondiéndole a cada uno de ellos, a su vez, cada una de estas funciones, como función principal.

El Congreso o Parlamento legisla, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional, lo cual permite que se evite que el poder se concentre en un solo ente u órgano del Estado.

Esta desconcentración del poder, está consagrada en nuestro ordenamiento constitucional, cuando establece que la estructura del gobierno “…se organiza bajo el principio de la separación de poderes…”.

Si bien es verdad que el constituyente desarrolló este principio en los demás que contiene nuestra norma fundamental en la parte correspondiente a la “Estructura del Estado”, también es cierto que le atribuyó a cada uno de los Poderes del Estado, otras funciones que permiten que entre los órganos estatales se autocontrolen.

Este autocontrol es el que se produce, fundamentalmente, entre los órganos políticos que son el Legislativo y el Ejecutivo, bajo el llamado control interpoderes del Estado, permitiendo que, por su parte, cada uno de ellos ejerza sus funciones sin hacer uso excesivo o abusivo de sus facultades.

Los hechos que, de toda índole, se vienen produciendo en el Perú en este último lustro; y que resultan ser consecuencia de las decisiones producidas desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento, las cuales, lamentablemente, no han satisfecho las expectativas de la población, es motivo de interesarnos para identificar qué instrumentos legales tenemos a fin de evitar seguir experimentando momentos de desconcierto, incertidumbre y desconfianza en nuestro diario vivir.

La respuesta la encontramos en la misma Constitución que, como norma fundamental, ha establecido que el Congreso, frente a una decisión del órgano administrador del Estado, léase Poder Ejecutivo, y más precisamente, Consejo de Ministros, que no satisfaga las expectativas de la población por no actuar o decidir acertadamente, pueda ejercer la facultad de control político, a fin de corregir rumbos en procura de una mejor administración de la cosa pública.

Para ello, se ha dotado al Poder Legislativo, además de legislar, la atribución de poder interpelar, censurar o rechazar la confianza a cualquiera de los ministros o a todo el Consejo de Ministros para que, de esa forma, los directamente responsables del manejo de la administración del Estado puedan dar cuenta de su actuación al pueblo, en este caso, a través de sus representantes (los parlamentarios).

En consecuencia, la ciudadanía no tendría por qué estar pasando por malos momentos, si el Congreso requiere a los ministros para que den cuenta de su gestión y decisiones, usando el instrumento de la interpelación; o, en su lugar, si la opinión de la mayoría parlamentaria es la de responsabilizar políticamente a un ministro en particular, o a todo el gabinete ministerial, opten por su censura, logrando así su retiro del cargo.

Es decir, si el Poder Legislativo ejerce sus funciones y atribuciones dentro de los parámetros establecidos, y lo hace considerando su función de control político, de seguro muchos sinsabores nos hubiéramos evitado y otros caminos hubiéramos encontrado para solucionar nuestros problemas.