El Congreso y la Corte IDH


El Congreso y la Corte IDH

En este caso como en el indulto a Fujimori, estamos frente a “la misma vieja historia” de la canción Casablanca, pero los miembros de la Corte no son los actores de ese romántico film, sino omnipotentes jurisconsultos. Y “la misma vieja historia” se reproduce permanentemente cumpliendo el milagro de ser antigua y moderna. ¿Cómo enfrentar este problema? Hay congresistas partidarios de ignorar o desacatar el pronunciamiento de la Corte IDH que ordena archivar la acusación en trámite contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

El razonamiento sería muy simple. El TC no solo se equivocó sino transgredió normas penales, al interpretar los alcances de la firma de un exmagistrado para darle un sentido distinto al voto que él había firmado. ¿Las firmas son interpretables? No. Las firmas están o no están, y si lo estuvieran, lo único que cabe determinar es si son falsas o auténticas. En este último caso no hay nada interpretable y por lo tanto el pedido de aclaración debió ser archivado por el TC. Pero no lo fue y ahí empieza un viejo y nuevo problema respecto del caso de los penales ocurrido en 1987.

¿Cuál es la competencia de la Corte IDH, para acoger un pedido de cuatro magistrados del TC para que se archive la acusación que se les ha formulado en el Congreso? ¿La soberanía del Perú está por debajo de dicha Corte? De acuerdo al cuestionado fallo que ordena el archivamiento, sí lo está. La República del Perú en estos momentos es un Estado súbdito de la Corte, sometida a sus dictados.

El Control Convencional de las leyes y de la Constitución así lo indica clarísimamente. La Corte IDH puede intervenir en cualquier asunto peruano, así no hubiere una impugnación ante ella, porque dicha Corte lo puede todo. La Constitución, las leyes del Perú, el Reglamento del Congreso, cualquier sentencia firme de tribunales peruanos, no es nada frente a la Corte IDH o en todo caso es supletoria. A grandes males, grandes remedios. La Corte IDH no tiene forma de ejecutar sus propios fallos a menos que delegue esa función en el Estado peruano o pretenda pasar por encima de él. Podría eventualmente dirigirse a la Secretaría General de la OEA para acusar al Perú. Frente a esa grave situación se requiere un pronunciamiento de unidad nacional, hoy todavía inexistente.