El Congreso de la República es una institución que por tener el deber de fiscalizar, puede realizar investigaciones. El Ministerio Público es una institución constitucional cuya misión fundamental es perseguir el delito, para lo cual debe realizar investigaciones. Si bien las investigaciones en el Congreso se suelen teñir de lo político y se suelen hacer con suma publicidad, las del Ministerio Público son reservadas.

En realidad, las investigaciones contra el delito, para cumplir su finalidad, inclusive pueden revestirse de secreto, por razones de estrategia. Usualmente, las investigaciones que se realizaron en el Congreso entregaban elementos valiosos al Ministerio Público. En los casos de Vladimiro Montesinos, muchos de los elementos de convicción recogidos por el Congreso fueron útiles para los casos fiscales.

No es totalmente extraño que entre nuestras más altas instituciones se presenten tensiones y ciertas fricciones, pero lo usual es que se resuelvan alturadamente. Las acusaciones constitucionales son figuras extremas que dirigidas contra alguna autoridad, se supone deben estar revestidas de suficientes fundamentos. En una acusación constitucional son relevantes tanto los fundamentos de hecho como los fundamentos de derecho.

Por ende, deben exhibir razones y argumentos, esto es que deben poseer una fundamentación suficiente, dada su gravedad. Una acusación constitucional siempre será una acción que despertará la atención general y motivará diversos análisis y generará opiniones y hasta polémicas, naturalmente.

En un país como el nuestro, en que el Estado de Derecho no aparece todo lo consolidado que fuera útil a nuestra vida política, los actores políticos deben desenvolverse con mesura y cuidado. Bien sabemos que nuestras instituciones públicas tampoco suelen tener mucho apoyo y reconocimiento y basta verlo ello en las encuestas. En el Perú, nunca antes se había presentado una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y ello no quiere decir que no se pueda alguna vez hacer ello.

Lo cierto es que si alguna vez debía presentarse una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación o cualquier otra autoridad, debió tenerse buenas razones para ello. No exhibir razones y argumentos ni fundamentos de hecho y de derecho, para acusar constitucionalmente, deviene a exponer a crítica al autor del hecho. Que no se utilice bien una institución tan importante como la acusación constitucional deviene a general el deber de o eliminar la figura o esclarecer su uso. Estamos ya pensando en la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en algún momento para dar luces sobre el asunto.