El control constitucional del marco punitivo para el robo agravado

El control constitucional del marco punitivo para el robo agravado

En las últimas semanas la publicación de una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que recayó en el Expediente No. 0413-2021-PHC/TC causó sorpresa. Mediante el ejercicio del control difuso, el tribunal inaplicó en un caso concreto el marco punitivo previsto para el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal que, en concordancia con el artículo 188 del mismo cuerpo legal, tipifica el delito de robo agravado.

Este marco punitivo tiene como extremo mínimo doce años de pena privativa de la libertad y veinte como máximo.

La sorpresa reside en la intervención constitucional en la tarea del legislador penal, quien para imponer una sanción no solo toma en cuenta la proporcionalidad, sino también los fines de prevención general y especial que debe cumplir la pena.

Para fundamentar la inaplicación descrita, el Tribunal Constitucional señaló que desde la vigencia del Código Penal hasta la actualidad el marco punitivo del delito de robo agravado fue modificado en seis ocasiones, todas ellas tendientes a incrementar las penas, y que comparando su marco punitivo con otros delitos que afectan bienes jurídicos más valiosos como la vida, la integridad o la libertad, la pena resulta irrazonable y desproporcionada.

Ciertamente, nuestra legislación penal ha sido sometida a diversas modificaciones que paulatinamente la han despojado de coherencia y sistemática, principalmente por responder a las demandas de seguridad ante el incremento de la delincuencia.

Sin embargo, no se debe perder de vista que este incremento se presenta por oleajes temporales, es decir, un lapso en el que la comisión de algunos delitos prevalece sobre otros.

Un ejemplo de lo dicho lo constituyen los delitos patrimoniales con violencia. En otros tiempos fueron los actos de violencia contra la autoridad. Y en el resto de casos las extorsiones, el sicariato y los delitos sexuales.

En cada oleaje la respuesta punitiva fue más drástica que en la anterior sin considerar que toda modificación debe realizarse con una visión integral y coherente de la normativa penal vigente. El populismo punitivo provoca paulatinamente un desequilibrio en el sistema, tal como lo ha observado el Tribunal Constitucional en la sentencia en comentario.

Tal como este caso dio lugar al control constitucional difuso del máximo intérprete de nuestra Constitución, existen otros casos en los que no se cuestiona la pena concreta impuesta por el juez, sino el marco punitivo.

¿Será posible, entonces, que los jueces penales ordinarios y otros constitucionales puedan considerar la aplicación de los mismos criterios expuestos por el Tribunal Constitucional? Lo primero será considerar el efecto inter partes que tiene el control difuso, pero a su vez la obligatoriedad de respetar la interpretación constitucional que, en este caso, recae en la tarea legislativa y no en la judicial sobre la situación concreta.

Observamos con preocupación que el juez penal ordinario deberá imponer una pena que tenga en cuenta el margen mínimo previsto para el tipo penal de robo simple, situación que ya determina un exceso en la competencia constitucional, que con la sugerencia en mención equipara un tipo básico con otro que tiene circunstancias agravantes específicas que justifican, un mayor reproche, esto es, una pena mayor. Se abre una puerta a la incertidumbre.

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