El Control Convencional del Perú

El Control Convencional del Perú

La semana pasada el así llamado “Estado del Perú” fue objeto de una llamada de atención por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordenó suspender el indulto a Fujimori hasta que dicha corte se pronuncie sobre la materia. Esto en la práctica significó dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada una acción de hábeas corpus, en virtud de la cual un ciudadano peruano solicitó su liberación con arreglo al indulto que le fue otorgado por el expresidente Kuczynski hace algunos años. Hoy día esa sentencia se ha convertido en letra muerta, mientras la Corte IDH decide si tal indulto es procedente conforme a unos fallos previos relacionados con los casos de La Cantuta y Barrios Altos, donde se pidió a las autoridades judiciales que examinaran la legitimidad del mencionado indulto. Esa es en pocas palabras la situación actual en torno a dicho tema.

¿Por qué? El Perú es parte del Pacto de San José, también conocido como Convención Americana de Derechos Humanas (CADH). Conforme al Capítulo VIII de esa Convención se estableció la Corte IDH, la cual con arreglo a la Sección 2, artículo 62, es competente para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de los derechos humanos comprendidos en tal Convención. De esa afirmación se deriva la siguiente interrogante, ¿tiene la Corte IDH la autoridad jurídica de obligar a los Estados partes en cualquier materia comprendida dentro de su competencia? No cabe duda que si la Corte IDH conoce una demanda de violación de derechos humanos, está facultada para resolverla y de emitir una sentencia que repare la violación y restablezca el orden jurídico violado. Tal decisión debe ser cumplida por los Estados parte. Sin embargo, no debemos olvidar que en el inciso 6 del artículo 4 de la CADH sobre el Derecho a la vida, se indica que: “Toda persona condenada muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos…”.

Entonces, si el indulto es aplicable a una persona condenada a muerte, también lo es respecto a delitos sancionados con penas menores como es el caso de Fujimori. En consecuencia se desprende que no hay impedimento convencional para que el Gobierno del Perú indulte a Fujimori, de la misma manera que durante el gobierno de Paniagua se indultó a una serie de personas condenadas por terrorismo, delito que también debe ser considerado como una violación de los derechos humanos de quienes fueron víctimas de tales acciones. Hasta donde se conozca la Corte IDH jamás objetó tales indultos.

Sin embargo, subsiste la interrogante, ¿la Corte IDH está facultada conforme a la CADH para imponer a los Estados parte un criterio de Control Convencional de su Constitución, de sus leyes y de sus fallos judiciales? Llevado a un extremo, ¿puede la Corte IDH obligar al Perú así como a cualquier Estado parte para modificar su Constitución, sus leyes y sus fallos judiciales a fin de adaptar su existencia a la voluntad de dicha Corte? Con mayor razón cuando no existe ningún artículo en la referida Convención que le otorgue semejante facultad. ¿Qué vale más la existencia de los Estados miembros de la OEA o la pretendida autoridad de tal Corte? ¿Es el Perú un súbdito de la Corte IDH como si ésta fuera un monarca absoluto frente a un vasallo? Estamos ante un tremendo exceso, que debe ser rechazado con todos los medios jurídicos que la República del Perú disponga, para afirmar su existencia ante tal inaudita violación de su soberanía.

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