Un diario local el 24 de enero informó que durante la pandemia en el Poder Judicial se ha alcanzado 3’300,000 expedientes judiciales sin resolverse. De estos sólo 180,000 son electrónicos en etapa piloto. El resto son procesos presenciales, y las opciones digitales del P.J. no han resultado eficaces. Esta información no ha sido desmentida.

En informe sanitario explican que la covid-19 afecta de distintas maneras a cada persona. Obviamente repercute en las instituciones privadas y públicas. En este caso también a los administradores de justicia. Sin embargo cabe hacerse algunas reflexiones.

Según el Boletín Estadístico Institucional N° 04-2018, emitido por la Gerencia General del Poder Judicial, al año del 2018 había en el Perú 3,215 jueces, de los cuales el 55% (1,767) son titulares, 28.8% (925) son supernumerarios y el 16.3% (523) son provisionales. De ellos 51 fueron jueces supremos que despachan en 8 Salas, 768 Superiores distribuidos en 35 Cortes Superiores.

El año 2017 solamente en la Corte Superior de Lima despacharon 39 Salas –con 3 magistrados cada una– (15 penales, 5 civiles, 7 contencioso administrativa, 2 comerciales, 2 familia y 7 laboral). Hubo 205 jueces especializados (Primera Instancia) que despachan en 68 juzgados penales, 31 de Trabajo, 70 civiles, 15 contencioso administrativo y 21 de familia. Además en cada distrito de Lima hay Juzgados de Paz Letrados.

Es interesante conocer sobre las remuneraciones de los jueces. A partir del 01. 10. 2018 (Ley N° 30693 (del 06. 12. 2017 que otorga la Bonificación adicional a los Jueces Supremos del Poder Judicial) adicionándose lo dispuesto en el artículo 187° de la L.O.P.J., las remuneraciones totales que desde el 01. 01. 2018 reciben los jueces titulares es en las siguientes cantidades de dinero: Juez Supremo S/ 42,717.20, Superiores: S/ 19,325.04, Especializado: S/ 14,895.93 y de Paz Letrados: S/ 9,638.14. El presidente de la Corte Suprema percibe al mes S/ 46,717.00. Durante la pandemia se les está pagando el integro de sus remuneraciones. Es lo que se “denomina” suspensión imperfecta del contrato de trabajo.

Durante la pandemia el personal de magistrados, especialistas y administrativos “despachan a distancia”. La acumulación de expedientes sin resolverse y sin cumplir los plazos procesales se incrementa afectando a los justiciables porque no se emite sus sentencias. Los perjudicados son las madres, los trabajadores, los ancianos que esperan la jubilación y la población que es víctima de la delincuencia.

¿Qué opina la sociedad peruana? ¿Es bueno o mejor guardar silencio?