Como toda Constitución moderna, la Constitución peruana de 1993 comienza con la parte dogmática, esto es, con los derechos fundamentales de la persona que el Estado y quienes ejercen autoridad en su nombre deben respetar y garantizar. Luego desarrolla la parte orgánica o referida a la estructura y organización del Estado mismo.

Las constituciones peruanas anteriores a la de 1860, siguiendo la pauta marcada por la constitución de Estados Unidos de América de 1787, reconocida como la primera constitución escrita del mundo, iniciaban con la parte orgánica.

La parte dogmática de nuestras constituciones se nutrió de los derechos fundamentales reconocidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano emanada de la Asamblea Nacional francesa en 1789 y a su tiempo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de 1969, estos dos últimos instrumentos internacionales vinculantes para el Perú, por lo que las Constituciones de 1979 y 1993 prácticamente transcribieron su contenido.

En dichas normas internacionales, se inicia el listado de los derechos humanos fundamentales con el enunciado del derecho a la vida, incluso desde la concepción según la CADH. Otros derechos fundamentales son la libertad de reunión y de asociación.

Frente a los derechos fundamentales se encuentran los deberes de la persona hacia la comunidad, de modo que a fin de conseguir el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y asegurar el orden público y el bienestar general, los derechos y libertades del individuo pueden estar sujetos a limitaciones legales.

Ninguna de nuestras constituciones prevé el derecho a la protesta. Más aún, tanto la Constitución de 1993 (art. 2.12), como lo hacía la de 1979 (art. 2.10) se refieren al derecho “a reunirse pacíficamente sin armas”.

De lo expuesto queda claro que cuando ciudadanos de a pie y autoridades se refieren al derecho a la protesta y lo confunden con la libertad de reunión o lo supeditan a él, colocándolo por encima del derecho a la vida y de los derechos de la sociedad, incluso en momentos de pandemia y de limitaciones impuestas al derecho de reunión y tránsito, están demostrando inexcusable ignorancia o voluntad de confundir.

Más grave aún es que soslayen algo sustancial como que no cabe libertad de reunión premunidos de armas ni de planes preconcebidos para desafiar y agredir a la autoridad llamada a controlar el orden interno: la Policía Nacional del Perú.

¡A poner las cosas en el lugar que corresponde!