El Perú ha vivido un proceso de transformación único durante los últimos 30 años. Pasamos de un Estado arrinconado por el terrorismo, sumergido en la hiperinflación y ahorcado por empresas públicas ineficientes, a un país que ha logrado reducir la pobreza, aumentar paulatinamente la calidad de sus servicios públicos e infraestructura, reducir la desigualdad y permitir a millones de peruanos poder crecer en libertad.

Como todo modelo, el peruano es evidentemente perfectible. Hemos construido muchas cosas, pero todavía nos faltan hacer profundas reformas de fondo para pasar del piloto automático a dar el gran salto que necesitamos. La ausencia de estas importantes reformas -que venimos retrasando por la desidia de nuestra clase política- se han evidenciado con la llegada de la pandemia, la cual ha puesto al descubierto que todavía tenemos un Estado desarticulado, servicios públicos deficientes y poca capacidad de hacer cumplir las normas.

En buena cuenta, tenemos un problema estructural de fondo que no nos deja despegar: la informalidad. Nuestro Estado no cuenta con información articulada de sus ciudadanos para entregarles bonos, no tiene data sobre los infectados para tratar más eficientemente los brotes de la pandemia, menos aún capacidad para ejecutar el presupuesto e impulsar la inversión pública en momentos de crisis económica, entre muchas otras falencias. Sin embargo, la informalidad ha sido por muchos años el gran elefante en la habitación que nadie ha querido ver. Por una suerte de conformismo, el Estado se ha acostumbrado a que sus recursos provengan en su mayoría de impuestos indirectos -como el IGV- o de lo aportado en renta por unas pocas grandes empresas formales. En esta dinámica, se ha dejado fuera de la economía de mercado a la gran mayoría de ciudadanos, quienes hoy se encuentran al margen y no tienen acceso a los beneficios de la formalidad, como el crédito barato, la seguridad jurídica, el acceso a mercados más grandes, entre muchos otros.

Esta exclusión infame tiene como principal causa que hoy en día los costos de acceso a la formalidad son muy caros. La izquierda nos ha hecho pensar que el Estado tiene que ser enorme -otro elefante, aunque más visible- sin caer en cuenta que ello solo significa que sea un Estado más burocrático y costoso -especialmente cuando no puede ni siquiera cumplir las tareas que ya tiene-. Por tanto, lo que necesitamos es simplificar el Estado, hacerlo más accesible al ciudadano y reducir los costos de la formalidad. De esa forma, podremos acercar la formalidad a las grandes mayorías del país y tener una sociedad unida, donde todos se sientan participes.

En la revolución de independencia de los Estados Unidos se acuñó la frase “no taxation without representation” que se traduce como “no hay impuestos si no hay representación”. Es decir, el pagar impuestos está íntimamente ligado con la calidad de la representación y la redición de cuentas de parte de los políticos, porque hace que los ciudadanos se sientan parte del sistema y exijan algo a cambio. Si queremos fortalecer nuestra democracia, tenemos que incluir a las grandes mayorías en el modelo, darles representación y voz. Solo así podremos construir un gran país, ese que soñamos para el bicentenario.

Alejandro Cavero