La economía social de mercado es el modelo que la Constitución eligió. En ella, el papel de los organismos reguladores es proteger a la libre competencia en el mercado y cuidar a la sociedad del abuso de las empresas.

Esa regulación en el Perú ha fracasado. Por eso el descontento interesado con la Constitución que no tiene la culpa, pero a la que se hace políticamente responsable para demandar una nueva y hacer caer al Perú en la órbita de Caracas y La Habana.

La acusación falsa e interesada es malestar contra los oligopolios de la energía, del sistema financiero, de la gran minería, de la salud y de los medios de comunicación, que no han sido regulados por los organismos que se crearon para hacerlo.
El paro de transportistas ha puesto en evidencia al oligopolio de la energía.

En efecto, el oligopolio público-privado de Petroperú y la empresa extranjera que le obedece, ha ignorado desde el 2016 y hecho caso omiso de los precios de referencia del organismo regulador -que son los precios internacionales- para fijar unos precios muy superiores que son los que hemos venido pagando todos los peruanos.

El propio Osinergmin lo ha reconocido hace poco, lavándose las manos, al decir que sus precios solo eran referenciales y que los verdaderos precios han sido determinados por las dos empresas que producen los combustibles. Lo ha dicho así, con todas sus letras.

En suma, hace ya cinco años que el oligopolio público-privado de los combustibles encabezado por Petroperú le pasó por encima al organismo regulador. Y nadie dijo nada.

Hasta la fecha, en que la verdad nos ha venido a reventar en la cara con el paro de los transportistas. Por molesto que haya resultado, ellos han tenido toda la razón en ir al paro.

¿Qué han hecho Petroperú y el Estado con los cinco mil millones de soles que se apropiaron indebidamente solo en el diésel?

Tendrán que dar cuenta de esto, pero no puede ser ajeno a la decisión política de construir una refinería de petróleo que no tiene ni nunca tendrá petróleo suficiente para ser una operación rentable. Un elefante blanco que va costando ya más de cinco mil millones de dólares -tres veces más de lo robado al pueblo que paga un pasaje y al transportista que le presta el servicio- que el pueblo también paga con endeudamiento

La refinería de Talara ya es una reliquia del pasado en un mundo en que los vehículos ya no consumirán diésel o gasolina sino electricidad, que no provendrá ya del petróleo sino de fuentes limpias como el agua o el aire.

Por eso resulta un sarcasmo y una burla hiriente que el Estado haya justificado ponerle, además, impuesto selectivo al diésel como si fuera un bien suntuario, con el pretexto imbécil de que lo hace como una medida para preservar el medio ambiente.

Si alguna lección hay que aprender de este desdichado quinquenio y del año de la pandemia es que el Estado es el enemigo del pueblo peruano.