El engaño de la salud colectiva para imponer el Nuevo Desorden Mundial

El engaño de la salud colectiva para imponer el Nuevo Desorden Mundial

Se ha permitido la quiebra del Orden Constitucional por decretos con medidas sanitarias anticientíficas y antijurídicas bajo el pretexto de la salud colectiva y el bien común.

Se está transgrediendo la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, todos los Tratados internacionales de Derechos Humanos, la Ley General de Salud 26842 y su Reglamento, la Ley 31091 que aprueba el carácter voluntario de la vacunación covid-19, obligando a los peruanos a someterse a una inoculación génica, que no es vacuna, que contiene ácido ribonucleico mensajero, proveniente de ser desconocido y que no quieren declarar, una proteína destructora de las células humanas llamada “Spyke”, proveniente de células de bebés abortados, denominada en laboratorio “Luciferasa” con código “666”, en etapa experimental y ahora probadamente ineficaz e insegura, con efectos adversos graves, incluida la muerte de millones de personas, bajo el pretexto de salvar a la población de la terrible pandemia de Sars Cov 2 creada por los mismos impulsores de la falsa vacunación.

Se ha declarado por decreto la muerte civil de los peruanos conscientes que no se aplican ningún medicamento sin informarse sobre su contenido y efectos, y que se han negado a ser víctimas mortales de este genocidio y se niegan a portar un pasaporte nazi de vacunación.
Se ha obligado a las empresas a despedir a sus mejores trabajadores por no estar inoculados con una, dos y tres dosis, pronto será la cuarta y la quinta, de los que por no dejar al desamparo a sus familias se han sometido al genocidio, hasta que no quede ningún trabajador vivo o sano, y sólo deudas en el erario nacional, y por tanto los promotores de este genocidio sean dueños absolutos del Perú, y se establezca su Nuevo Orden (Desorden) Mundial, sin molestos opositores.

Lo execrable es encontrar abogados que justifican el despido de los trabajadores por no inocularse la inyección genocida, como “seguridad sanitaria en el trabajo” y que compartan los argumentos paralegales del premier que invocan la prevalencia del bien común sobre la persona humana, cuando el artículo 3 de la Declaración Universal de Bioética reconoce lo contrario como derecho humano.

Esa es la mente del Nuevo Desorden Mundial que debemos impedir que se imponga en el Perú, y que pretendan hacerlo, para colmo, a través de una nueva Constitución.

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