El eterno retorno y los huaicos

El eterno retorno y los huaicos

Así como sucede en la doctrina filosófica del eterno retorno, en Perú parece que la historia se repitiera una y otra vez; en otros momentos, con otros actores, pero siempre la misma historia, sin una real posibilidad de cambio. La naturaleza ha vuelto a golpearnos, los huaicos y desbordes de ríos arrasaron ciudades en todos lados, y recién recordamos que han existido autoridades encargadas de resolver esos viejos problemas, sin un efecto real.

La destrucción que dejan los recientes desastres naturales lleva a preguntarnos qué pasó con quienes debían hacer algo para evitarlo. La infraestructura sensible que debió construirse fue dejada de lado, diversos proyectos vitales que debieron realizarse se encuentran detenidos, nunca se realizaron o se realizaron teñidos por el manto de la corrupción.

Las obras públicas de infraestructura, como aprendimos con Odebrecht, al implicar grandes cantidades de dinero, son un foco recurrente de corrupción; que es, por mucho, el mayor problema público que enfrentamos en todos los niveles del Estado, pues afecta directamente la calidad de vida de la población, y puede llegar a ponerla en riesgo, por ejemplo con obras mal hechas.

A pesar de que las élites políticas de la mayoría de departamentos están (hasta cierto punto) conformes con el proceso de descentralización iniciado en el gobierno de Toledo, a estas alturas ya parece obvio que el modelo no ha funcionado, pues, contrario a lo que se esperaba, en la mayoría de los casos no se ha logrado solucionar los problemas más inmediatos de la población, y las gestiones se han visto manchadas por interminables casos de corrupción y gestión pública deficiente, lo que termina repercutiendo en el servicio al ciudadano.

Es cierto que la estructura burocrática del Estado, en su intento por controlar el gasto, ha dificultado las cosas para los gobiernos regionales, principalmente por los plazos que se establecen para gastos y porque los equipos profesionales encargados de las políticas regionales, de su dirección, que han sido capacitados y tienen experiencia, se mantienen solo durante la gestión con la que llegaron, por lo cual se considera que no hay una profesionalización en la dirección administrativa del Estado en los gobiernos regionales.

También es cierto que la negociación política de presupuestos para obras públicas ha traído un sistema perverso, que compromete la labor política de los parlamentarios, induciéndolos a gestionar obras vía presupuesto público, lo que suele significar sometimiento a los gobiernos de turno en pro de una compensación política; situación que trajo la caída de PPK y viene siendo parte de algunas de las investigaciones contra Pedro Castillo.

Frente a esta circunstancia, y en el contexto de los desastres naturales causados por el ciclón Yaku, el gobierno de turno viene elaborando un proyecto de ley para crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, que se encargue de asegurar, a nivel nacional, la ejecución de obras de impacto vital para salvaguardar y mejorar la calidad de vida de la población.

Según el Ejecutivo, esta autoridad tendrá tres objetivos estratégicos: ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional, la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones, y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac.

Desde una lectura del sistema, desde la institucionalidad democrática, esta autoridad implicaría un freno al proceso de descentralización, pues centraliza la creación de infraestructura vital, reduciendo el rango de acción de los gobiernos regionales.

Algo que resulta coherente con el proceso de retroalimentación del Estado que, tras más de 20 años buscando hacer funcional la descentralización limitada que se estableció, no ha logrado resultados determinantes. El que el sistema político busque mecanismos para resolver sus problemas y fortalecerse y asegurar su permanencia en el tiempo, lo que podría implicar revisar sus políticas estructurales, es de los procesos políticos más comunes en la historia.

¿Es posible que una Autoridad Nacional de Infraestructura mejore las circunstancias frente a futuros desastres naturales? Nadie lo sabe, en teoría, debería; sin embargo, el virus de la corrupción es el mayor inconveniente al que se enfrenta nuestra administración pública, y pone en riesgo todo lo que infecta.

Además, el proyecto de ley para su creación debe ser aprobado en el pleno del Congreso, y eso es algo que probablemente no suceda, pues hay partidos con representación parlamentaria que tienen proyección departamental, que han ganado o esperan ganar gobiernos regionales, y quienes, de aprobarse este proyecto, verían limitada su capacidad política. Lo que nos haría volver al punto de inicio, en este eterno retorno, que es el Perú.

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