El Congreso anterior dejó un pasivo muy grande en casos de acusaciones constitucionales que la recientemente instalada subcomisión de acusaciones constitucionales deberá resolver en los siguientes meses. Es objetivo del presidente de la referida subcomisión no legar carga pendiente al próximo Congreso.

El Tribunal Constitucional (TC) en reiteradas oportunidades ha repetido que el fuero político que es el Congreso de la República debe también seguir el denominado debido proceso parlamentario. No hacerlo significó en el pasado abusos de autoridad como cuando los tribunos Revoredo Marsano, Rey Terry y Aguirre Roca fueron desaforados del TC arbitrariamente si respetar el debido proceso; terminaron, felizmente, repuestos por un tribunal internacional.

Caso similar sucedió en el caso del excongresista Javier Diez Canseco a quien suspendieron en nombre de la ley pero arrasando la ley. El resultado fue parecido, pues fue resarcido e indemnizado. Queda claro que el fin no justifica los medios.

El artículo 89 del reglamento del Congreso que es ley orgánica, prohíbe reabrir casos archivados y en la primera sesión, siete bancadas de las nueve, votaron en el sentido de cumplir con la ley y no reabrir lo actuado en el anterior Congreso, independientemente de lo que trate, simplemente hay que cumplir con la ley. Y, claro, la Constitución está por encima pero no le corresponde al Congreso hacer control difuso sino al Poder Judicial y el control concentrado es tarea del TC. No de algún congresista ocurrente.

No es cuestión entonces de iras ni mentiras es cuestión de ponderación y respeto a la ley y entender que si se viola el debido proceso parlamentario, se ayuda a la victimización y por ende, al festinar, se está desarrollando un blindaje solapado. Salir a gritar lo contrario contra el 90% que sí entendió en qué consiste el debido proceso parlamentario y la obligación de seguirlo, es solo una jugarreta política que desprestigia personas, bancadas y al propio congreso. Ello, no es aceptable bajo ninguna circunstancia.

La subcomisión de acusaciones constitucionales tiene un enorme reto y una sola forma  de hacerlo: cumpliendo estrictamente la ley. No hacerlo, además de abuso del derecho, es brindarles a los acusados en bandeja de plata la posibilidad de victimizarse y terminar rechazando a quienes “hacen como que lo denuncian” en medio de gran ruido mediático con fines no necesariamente los de cumplir el encargo de una representación nacional que tiene una gran deuda con la nación.

No hay espíritu de blindar a nadie y la justicia será justicia si no se impone sino cuando se aplica como parte de una institucionalidad que respete irrestrictamente la ley. Ley que nos hace iguales, en un entorno de muchas desigualdades.