El fiscal José Domingo Pérez es un hombre profundamente confundido y peligroso al tiempo de solicitar se haga justicia. Tiene dos obsesiones el presidente Alan García Pérez (lo persiguió hasta empujarlo al suicidio) y Keiko Fujimori a quien quiere ver encarcelada por treinta años, cosa que no ha pedido para ninguno de los protagonistas del escandaloso caso Lava Jato.

El 25 de agosto de 2019, por ejemplo, se desistió de pedir prisión preventiva contra los principales operadores de Odebrecht en el Perú, los primos José y Hernando Graña. Según palabras del propio Pérez, esos señores eran “autores del delito de lavado de activos, todo en agravio del Estado Peruano” y que como “existe un reconocimiento de culpabilidad” no era necesario apresarlos. ¿Cómo es la nuez? ¿Entran unos rateros a tu casa, se llevan el televisor, las computadoras, el auto, la licuadora y el perro; aceptan ser culpables, prometen chismear quiénes integran su banda, no lo hacen y todos felices?

Estamos en 2021 y los “autores del delito de lavado de activos” que perjudicó al Estado y con ello a todos los peruanos, siguen libres como si nada hubiese ocurrido. No han entregado información relevante para esclarecer el saqueo Lava Jato. ¿Dónde fueron a parar los sobrecostos? ¿Qué bancos blanqueaban el dinero? Nada de nada.

Ahora Pérez el aturullado, a pocas semanas de las elecciones, decidió pedir treinta años de prisión, sí ¡treinta!, contra la candidata Keiko Fujimori lideresa de Fuerza Popular (K) por los ‘presuntos’ (y muy probablemente imaginarios) delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Finaliza así su investigación, más exactamente persecución, contra la señora Fujimori cuyo destino queda en manos del Poder Judicial.

Pérez tiene una simpatía extrema por los rojitos, como el maleante ex okupa de Palacio Martín Vizcarra y el ex presidente Ollanta Humala, cuyo video sobre la compra del testigo Jorge Ávila Rivera para que cambie su versión sobre los crímenes en la base de Madre Mía, Pérez decidió no investigar. En 2008 siendo fiscal de Moquegua no le formalizó denuncia a Vizcarra por liderar ‘El Moqueguazo’, pero solicitó 35 años de prisión para la ex gobernadora regional Cristala Constatinides por el mismo caso.

El fiscal José Domingo Pérez tiene un desconcertante sentido de la justicia. Para él los Graña, delincuentes confesos del mayor saqueo de la historia republicana pueden seguir su vida tranquilos y felices, pero la lideresa naranja debe pudrirse en prisión. Pérez llama “guerrilleros” a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA que desangraron al Perú hasta que fueron desarticulados por el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Tendrá por eso una innata aversión contra el fujimorismo?

La defensa de la señora Keiko debería pedir un peritaje psiquiátrico de este individuo y el país explicaciones de porqué no intentó recuperar el dinero del caso Lava Jato.