El indulto a Fujimori

El indulto a Fujimori

La sentencia del Tribunal Constitucional pronunciándose por la vigencia del indulto otorgado a Fujimori por el expresidente Kuczynski, ha desatado una tormenta política. Es un tema que no justifica el escándalo suscitado en razón de que al margen de su simbolismo histórico, el Perú en estos momentos enfrenta problemas de mayor gravedad. Sin embargo la controversia recién empieza y se expresará en una acción del gobierno de Castillo ante la CIDH de la OEA, la cual muy probablemente culmine en una nueva demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el indulto sea anulado. Estamos frente a un auténtico enredo jurídico que contribuye a la confusión de la opinión pública y al enfrentamiento entre los peruanos.

¿Por qué? El indulto es una facultad del Presidente de la República señalada en el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución de 1993, que siempre ha existido en las constituciones que la precedieron. En el ámbito jurídico el indulto representa el perdón de la pena, pero de ninguna manera la anula ni tampoco convierte en inocente a su beneficiario. Es una medida que se otorga por razones humanitarias en razón de la quebrantada salud del condenado y también por la ausencia de su peligrosidad delictiva, requisitos ambos que deben cumplirse para no comprometer la seguridad del Estado. Con arreglo al inciso 13 del artículo 139 de nuestra Carta Política “…La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen el efecto de cosa juzgada.” En otras palabras no son revisables en ninguna instancia administrativa ni jurisdiccional. Sin embargo sabemos que de hecho no es así, porque el indulto a Fujimori fue objeto de una denuncia ante la CIDH por los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, que concluyó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su anulación a pesar que su aparente firmeza jurídica.

¿A qué razones podemos atribuir esa inestabilidad? A varias consideraciones internas y externas. Fujimori, luego de su extradición de Chile, fue condenado a una pena de 25 años por diversos delitos de homicidio, que era la tipificación penal aplicable en el momento que se cometieron. Tales delitos pueden ser objeto de indulto, pero en la sentencia de acuerdo al testimonio del juez supremo San Martín, se le agregó el rótulo de delito de lesa humanidad que no figuraba en el proceso. Conforme al Estatuto de Roma, del cual del Perú es parte, vigente desde julio de 2002, tal delito es imprescriptible y no debería ser indultado. Sin embargo, resulta más que evidente que el Estatuto de Roma no es aplicable retroactivamente conforme a su artículo 24, en virtud del cual “nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Esa sola razón, en opinión del suscrito, justifica la sentencia del Tribunal Constitucional.

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