La vacunación forzada es aquella que se realiza en contra de la voluntad de las personas, violando su derecho al consentimiento libre e informado a ser inoculado con una sustancia cuyo contenido se le informa, así como de sus niveles de seguridad y efectividad, con la identificación clara de los riesgos y efectos adversos probables.
Este derecho al libre consentimiento informado de todo tratamiento médico o quirúrgico está reconocido como derecho humano a la vida y a la salud por el artículo 6 inciso 1 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, incorporada a la legislación peruana con rango constitucional por el artículo 55 de la Constitución.
Cuando vemos a los altos funcionarios del sector Salud desesperados por vacunar masivamente a la población obedeciendo irracionalmente los dictados de la OMS para exigir un “PASAPORTE VERDE” que acredite la doble vacunación de todos los ciudadanos para entrar a los lugares públicos; y que aparece como extraño colaborador eficaz el Colegio Médico para “proponer” la vacunación coercitiva domiciliaria, tipo rastrillaje con asalto domiciliario, usando criminalmente a las Fuerzas Armadas, que implica múltiple vulneración de derechos humanos a la salud y a la vida, a la libertad individual, a la inviolabilidad de domicilio, al consentimiento libre e informado de la vacunación, a vivir en paz, y a no ser víctima de tratos crueles o humillantes, no podemos sino advertir un “interés inusual” que penalmente se identifica como la manifestación del dolo criminal.
Nadie se esmera tanto por algo que, ellos saben, está produciendo daños irreversibles al sistema neurológico y cardiovascular con efectos mortales de millones de personas en todo el mundo, como viene ocurriendo en el Perú con el silenciamiento de las familias de las víctimas con la explicación de que: “Seguro ya tenían covid al vacunarse”, estando sanos, y la complicidad de la mayor parte de la prensa que no reporta ningún caso y sólo promueve la vacunación y desacredita a los que denuncian la verdad.
Eso demuestra que existe un concierto criminal nacional coludido con la organización extranjera que viene imponiendo la ejecución de este plan genocida de reducción de la población mundial, y que tratándose de expertos en salud, esto no sería sólo por voluntad graciosa de colaboración diligente con sus letales objetivos.
Pronto descubriremos en la Corte Penal Internacional las razones de este interés inusual que los está llevando al genocidio de su propia nación.

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