El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró ipso facto, en término récord y de oficio, improcedente el inicio de investigación contra el candidato presidencial de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, por supuesta incorporación de información falsa en su hoja de vida, así como por supuesta omisión de información.
Según la Resolución No. 02445-2021-JEE-LIC1/JNE, a la fecha de presentación del informe materia de pronunciamiento (22 de abril de 2021), ya había precluido el plazo para la exclusión de candidatos por hechos concernientes al Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida.
El objeto de la Declaración Jurada de Hoja de Vida es conocer el patrimonio y renta de los candidatos. La honestidad de las autoridades indudablemente impacta en el Bien Común. En esa medida, el ordenamiento legal que regula orgánicamente las elecciones, cautela la debida honestidad de los candidatos que postulan a ser autoridad y lo hacen, para cautelar el Bien Común de la sociedad.
Cuando hablamos de dotar de seguridad jurídica al proceso electoral, no lo hacemos en perjuicio del Bien Común, pues el interés social, que corresponde al derecho de los electores y de la sociedad, prevalece sobre el interés del individuo, que corresponde al de los candidatos. En ese contexto, no se pueden interpretar las normas que regulan el proceso eleccionario en el sentido de proteger la deshonestidad a través de mecanismos de preclusión y/o de impunidad electoral por el conocimiento tardío de una infracción que perjudique el derecho social de los electores de elegir autoridades correctas.
Torcer la justicia electoral en beneficio de un candidato y perjuicio del Bien Común, al vulnerar las normas electorales, viola el Artículo 31 de la Carta Magna y con ello el derecho fundamental al sufragio.
Esta vulneración, de producirse, entra en el ámbito penal, pues configura “omisión y demora de actos funcionales” prevista en el Artículo 377 del Código Penal por retardar u omitir un acto inherente al cargo de la autoridad electoral. De emitirse una resolución incongruente con la legislación electoral, configura “prevaricato” previsto en el Artículo 418, por dictar resolución contraria al texto expreso y claro de la ley para excluir de la oportuna sanción electoral a un candidato incurso en causal de exclusión punible denominada “omisión punible”, cuya figura también está prevista por el Artículo 429 del Código Penal.
Sabemos que se puede vacar a un Presidente de la República por incapacidad moral causada por omitir declarar o declarar en falso aquello a lo que estaba obligado y el antecedente lo tenemos con PPK.
Si se puede vacar a un Presidente de la República por una omisión deshonesta, ¿se podrá vacar a un candidato? La respuesta cae de madura y la pincelada final la da el axioma legal de que “quien puede lo más, puede lo menos”.
Entendamos que la democracia y la libertad no es un privilegio, es un patrimonio de toda nación civilizada, sin embargo, el JNE se burla del requerimiento del Ministerio Público.

 

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