El JNE y la propuesta congresal de modificación

El JNE y la propuesta congresal de modificación

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen para modificar la normatividad relacionada con la elección de los integrantes del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, así como la elección de su presidente.

Por ser innecesario e irrelevante no me voy a detener en analizar los pro y los contra de dichas propuestas, en consideración que existen otras motivaciones mucho más importantes que la representación parlamentaria debe haber considerado, para decidir sobre cómo solucionar el o los problemas que pueda haber detectado en el funcionamiento del principal órgano electoral en el Perú, entre los cuales destaca, por ejemplo, la no presencia del representante del Colegio de Abogados de Lima.

La no elección oportuna del representante del referido ente gremial de los abogados se deriva de un problema interno del propio colegio profesional, ocasionado por el manejo de su junta directiva que, a su vez, generó la intervención del Poder Judicial. Es decir, un desacierto circunstancial en la dirección de la institución, evidentemente eventual, no puede motivar la modificación de una norma constitucional, la cual ha sido suficientemente adecuada y útil desde hace más de 20 años que entró en vigor, respecto a cómo elegir a los cinco integrantes del JNE.

El problema no está en la norma constitucional y menos en la interpretación de la misma; pues, lo mismo que sucede con muchos órganos del Estado, por no decir todos, así como otras instituciones públicas y privadas, el mal funcionamiento no se debe a su estructura u organización sino a las personas que los integran o que los dirigen cuando orientan su accionar por un camino que se desarrolla en la búsqueda del beneficio personal, en lugar de priorizar el interés general.

Se puede cambiar la norma, capaz con muy buena intención, pero si quien o quienes son los elegidos para dirigir las instituciones u organismos del Estado, tienen los mismos vicios y las mismas taras que desnaturalizan su funcionamiento, lo único que conseguirán es desconocer o no identificar el origen del problema y, por lo tanto, se seguirá manteniendo la inoperancia de las instituciones.

El doctor Juan Chávez Molina, quien fuera hace muchos años destacado miembro titular del JNE, decía que “…el Jurado Nacional de Elecciones es el poder de poderes…”; pues, de él depende la legitimidad de la elección de los integrantes de los órganos del Estado. En consecuencia, como máximo órgano electoral debe cuidarse y preservarse su existencia y funcionamiento, no sometiéndolo a darle una organización o estructuración inspirada en los intereses particulares o partidarios.

Por lo tanto, dejémoslo como está y evitemos seguir manoseando las instituciones innecesariamente.
Suficiente con recordar lo que fue el JNE del año 2000 y su actuación en las elecciones generales del referido año, identificadas como “las elecciones más fraudulentas de la historia del Perú…”.

En ese entonces y, como consecuencia de la gran crisis política que enfrentó nuestra patria, los integrantes del ente electoral, por partes, se fueron renovando hasta conformar el pleno que se encargó de dirigir las elecciones generales del 2001, y que permitió la recuperación de la democracia. Dando lugar a que el JNE renovado tuviera, en aquella oportunidad, un muy alto grado de aceptación popular.

Al respecto, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuántos artículos de la Constitución o de la Ley Orgánica del JNE se modificaron, para conseguir que el ente electoral recupere la credibilidad de la población peruana?

La respuesta es concreta: ningún artículo fue modificado. El problema era la conducta o comportamiento de los integrantes del órgano electoral.

Este es el mensaje al Congreso y ojalá lo tomen en cuenta.

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