Según el último reporte laboral del INEI, 825 mil “limeños” (a nivel nacional, más de 2 millones) que perdieron su puesto de trabajo “adecuado” (jornada completa y con ingresos superiores al sueldo mínimo) el último año, siguen desempleados y día a día, luchan por su subsistencia viviendo de “cachuelos” en la informalidad. Este drama social se agrava porque el ingreso laboral promedio ha caído en una quinta parte.

Otro heraldo negro de fin de semana fue la rebaja la calificación crediticia de Perú por parte de Fitch de BBB+ a BBB: “por los cambios de política que propugna Perú Libre ….en conflicto con el modelo económico abierto” y además que Standard & Poor’s nos varió la perspectiva de estable a negativa, porque si bien anuncia que mantiene la calificación BBB+ indica: “con posibilidad de rebajarla si los desafíos político entre el Ejecutivo y el Congreso, contribuyen a un desempeño económico deficiente” (14/10/21). Ambas se suman a Moody’s, que hace semanas nos bajó de A3 a Baa1(1/9/21).

Ante tremendo rapapolvo de las agencias clasificadoras de riesgo, el ministro de Economía Pedro Francke replicó “que la mejor prueba de la confianza de los mercados es que el Perú colocó bonos soberanos por el equivalente a US$ 43 millones (jueves 13)”, lo que en realidad es una minucia, en comparación con los bonos por US$ 13,500 millones (6% del PBI) que necesita el 2022 para financiar el presupuesto, acotando que el downgrade “no afectará las inversiones el 2022” que crecerían 7.8% según el MEF, soslayando que a mayor riesgo, el financiamiento se encarece, lo que desalienta las inversiones y por ende la generación de empleo.

El ministro Francke parece ignorar que mucho antes del anuncio de Fitch, Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico indicaba: “se estima un estancamiento en la inversión privada el 2022” (Foco Económico), mientras que Credicorp estima una caída de -7% y Apoyo pronostica un desplome de -12.5%.

Ante este escenario, más allá de organizar “té de tías” en el MEF, debería tomar el brazo de su “camarada” Eduardo Gonzales Toro, ministro de Energía y Minas, y hombro con hombro, como en las marchas de los 70, sacar adelante el proyecto de Sulfuros de Yanacocha, que producirá 500,000 onzas troy de oro, programada para el 2do semestre del 2022, que contempla una inversión por US$ 2,000 millones. Otro tanto, con Buenaventura, que se encuentra en plena consulta previa del proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua), para ejecutar una inversión de US$ 422 millones y que además ha iniciado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta Río Seco (Huaral) para procesar cobre arsenical de Minera El Brocal. Lo mismo, para apoyar al grupo Hochschild, que ha presentado un EIA a la mina de plata Inmaculada (Cusco) para extender la vida útil hasta el 2041, con una inversión estimada de US$ 4,436 millones; con el proyecto Corani (Puno) de Bear Creek que producirá 16 millones onzas de plata e implica US$ 587 millones de inversión; con el tajo Chalcobamba (Apurímac) de Minera Las Bambas, que es una inversión de US$ 430 millones, etc.

A estas alturas de la historia, deberían darse cuenta que sólo la inversión privada salvará al Perú. Están a tiempo.

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