El ministro Ugarte, conocido militante marxista, dice que el Estado debe tener el monopolio de la vacunación, en contra de lo dispuesto por la Ley 31091 que permite a los particulares participar en los procesos de adquisición y distribución de medicinas y vacunas. El problema es ideológico, no quiere que exista “inequidad en el acceso a la vacuna”; por tanto, prefiere condenar a centenares de miles de peruanos a morir, para que nadie le pueda reprochar que se salvaron por dinero, por pagar los 300 soles que podría costar la vacuna china, la cual, por cierto, es mucho más cara que las certificadas, como la Pfizer, Sputnik o AstraZeneca.Esa postura es propia del marxismo y no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es precisamente liberal: el 5 de febrero de este año expresó que, no obstante que la vacuna es un bien de salud pública mundial y debe ser de acceso universal, entiende que si el 70% de la población mundial debe ser vacunada, no puede confiarse en la capacidad de los Estados, por lo que debe asegurarse “el acceso a las vacunas sea de forma gratuita, al menos para las personas de menores ingresos”, por lo que no rechaza que los particulares adquieran o distribuyan vacunas, en tanto existan mecanismos para financiar y proveer de vacunas a quienes no puedan pagarlas.

Como sucede con bienes escasos y de gran demanda, unos pocos países han logrado concentrar el 75% de los lotes disponibles, por encima incluso de sus necesidades; paralelamente, los grandes laboratorios se esfuerzan en producir en un ritmo mayor, por lo que muy pronto habrá excedentes que, quienes tengan experiencia y contactos comerciales, podrán aprovechar. Allí encaja el pedido de la Confiep de participar institucionalmente en el proceso, para poner a disposición de los ciudadanos la vacuna de forma particular en clínicas, centros médicos e incluso farmacias, multiplicando la velocidad de distribución al aprovechar los canales comerciales existentes, mucho más eficaces que los que puedan inventar y gestionar los funcionarios públicos.

Mantener el monopolio estatal reproduciría en cada región y en cada provincia la corrupción evidenciada en Lima. Si en Alemania hay manifestaciones por la lentitud del reparto, por nuestra difícil geografía, el predominio de la informalidad y la debilidad del Estado, sería imposible vacunar al 20% de la población antes de 2022, con la catástrofe humanitaria que ello significaría. Posiblemente, a mitad de este año ya no aceptemos que sigan muriendo nuestros familiares y amigos, pudiéndose evitar.