El alto precio que el pueblo peruano viene pagando por los continuos errores cometidos por quienes tienen a su cargo la administración pública, obliga a que, con rapidez y efectividad, el Congreso de la República cumpla con su control de fiscalizar y controlar al órgano Ejecutivo, en las personas de quienes integran el equipo ministerial.

Es injustificable el tiempo que se invierte en el debate político, respecto a las decisiones presidenciales demostradamente equivocadas, en lugar de discutir y analizar alternativas de solución a los problemas que aquejan el diario vivir de nuestra población.

El errado criterio de que, cuando un partido político tiene el control del Ejecutivo y, además el del Parlamento, es una forma de asegurar la gobernabilidad; origina que la capacidad de control del órgano legislativo se vea disminuida y, muchas veces, impracticable.

Por cierto, y por suerte, esta realidad, producto de las últimas elecciones generales (en primera vuelta, para la elección presidencial), ha tenido como resultado que el hoy partido de gobierno (léase Perú Libre) llegó a obtener, precariamente, menos del 20% de la votación y, con ello, se convirtió en la primera mayoría relativa más alta, pero muy lejos de la representatividad parlamentaria que le permita manejar las decisiones en el Congreso.

Este resultado electoral le da al Parlamento la legitimidad suficiente y, por lo tanto la obligación, de ejercer su función de control, en representación de la gran mayoría ciudadana, permitiéndole hacer uso de la interpelación que, como derecho de las minorías partidarias, permite requerir que un ministro o el presidente del consejo de ministros, si se quiere interpelar a todo el gabinete, responda una batería de preguntas relacionadas con la gestión de gobierno o respecto a los antecedentes personales de los integrantes del mismo que, por sus características, no los hace idóneos para el ejercicio del cargo.

Asimismo, los congresistas cuentan con la facultad de censurar a los ministros o a todo el equipo ministerial, sin que ello signifique que, previamente debe haberse producido la interpelación. Estos son mecanismos de control político distintos entre sí y, por lo tanto, con efectos diferentes. La interpelación concluye con la intervención de los congresistas, opinando sobre la respuesta a cada una de las preguntas formuladas y, la censura, si se aprueba, concluye con la renuncia obligada del ministro o todo el gabinete, según sea el caso, y la obligación del presidente de la república de aceptar la dimisión y el necesario reemplazo de estos.

La censura es un instrumento de control político, que obliga al jefe de Estado a corregir los errores, producto de sus decisiones, permitiendo que, de alguna manera, mejore la conducción del aparto estatal.

En consecuencia, y frente a la actual realidad política que estamos padeciendo, caracterizada por una evidente inestabilidad, se hace necesario que el Congreso no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Es decir, hacer uso de los mecanismos de control en forma inmediata, evitando así que se produzcan resultados que ya no tengan solución; generando una inestabilidad mayor.

El rechazo de confianza, que hoy se comenta como reacción a la amenaza del actual presidente del Consejo de Ministros, manejado responsablemente, permite que el Poder Ejecutivo presione al Parlamento a decidir de acuerdo con los requerimientos del primero. Pero, entiéndase bien, no debe ser usado como instrumento para satisfacer apetitos o aspiraciones personales o de partido, sino en búsqueda de un real equilibrio de poderes, y de acuerdo con su regulación normativa.

Si el objetivo del Ejecutivo es crear las condiciones para que el jefe de Estado pueda disolver el Congreso, habría que considerar una adecuada reforma constitucional que implique que, de darse esa eventualidad, se debería convocar no únicamente a la elección de un nuevo Parlamento, sino a elecciones generales que permitan la renovación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.

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