La enfermiza asimetría del fiscal Pérez para cambiar de criterio según a quien persiga, impide que siga ejerciendo su rol de funcionario público contratado para cumplir una tarea vertebral, como aplicar el Estado de derecho que impone la Constitución. Ese cometido es el derecho preferente que tienen todos los ciudadanos a ser tratados por igual –con la indispensable independencia y eficiencia– en cualquier proceso judicial, aplicándoseles rigurosamente la ley. Sin embargo, el fiscal Pérez resulta ser un funcionario del aparato de Justicia nacional excesiva, abusiva, enfermizamente severo con unos y escandalosa, vergonzantemente benevolente con quienes simpatiza. La medida que utiliza Pérez es la calidad de amigo del régimen de turno o del conocido todopoderoso que puedan exhibir unos y otros ciudadanos. Pérez administra el despacho siguiendo claros conceptos politizados, y los aplica descaradamente sin el más mínimo empacho.

Esta tesitura de completa indefensión para muchísimos y absoluto libertinaje para pocos solo ocurre en las republiquetas que maneja el socialismo sudaca. Como el Perú, desde que Humala les abriera a las izquierdas la compuerta de las reparticiones del Estado, y Kuczynski lo consolidara. A Vizcarra y Sagasti les ha caído como anillo al dedo semejante distorsión de la Justicia, al extremo que vienen utilizándola como instrumento de autodefensa política. Hoy día el sistema de Justicia peruano se encuentra secuestrado por el socialismo ramplón que está haciendo metástasis en nuestra atribulada región. Gran parte de la culpa la tienen la Comisión y Corte de Derechos Humanos de la OEA, guarida de todos los progresistas latinoamericanos. No obstante, al final del día son nuestros gobernantes los verdaderos responsables de esta violación a uno de los más trascendentes derechos humanos. Derecho primordial, como una Justicia ceñida a ley que está reglamentado a brindarle el Estado a la sociedad; jamás sujeto a interpretaciones antojadizas de cualquier clase provenientes de los burócratas del sistema jurisdiccional. Incluyendo a los dependientes del Ministerio Público.

El fiscal Pérez podrá exigir pena de muerte por traición a la patria contra quien quiera. Aunque no tiene derecho a imputarle semejante castigo a quien la norma no contemple como culpable de semejante acción. Asimismo, el fiscal Pérez tampoco podrá exigir prisión provisional o definitiva contra un investigado, sin que la ley se lo autorice. Esto último viene a colación de los disparates que viene cometiendo Pérez en el caso de Keiko Fujimori, contra quien solicita 30 años y diez meses de carcelería por recibir dinero para financiar su campaña, en momentos en que la ley no prohibía la contribución de ciudadanos particulares a partidos y/o personas de sus simpatías políticas. A contrario sensu, en agosto 2019, en una sintética audiencia –ante el juez Carhuancho– Pérez se desistió de demandar prisión provisional para José Graña Miró Quesada, confeso autor de estafas al Estado, aduciendo que éste habría brindado “valiosa información” –se presume como vil colaborador eficaz, ergo reconociendo sus crímenes– sobre los demás compinches de su asalto al país. Van casi dos años y nada se conoce de aquella “valiosa información”. Y Graña sigue libre.