Las comunidades políticas anteriores al Estado moderno, como el Imperio, se organizaban en torno a las necesidades de la élite gobernante. Persas, romanos, aztecas y quechuas conquistaban territorios imponiéndose por la fuerza y dictando leyes en beneficio del núcleo social donde residía su fuente de legitimidad, aunque aquello significara infelicidad de los pueblos conquistados. El Estado moderno supuso homogenizar a los súbditos para incorporarlos por igual al colectivo, sin las lógicas limitaciones por su diversidad social o cultural, para institucionalizar el poder. Así, durante el siglo XVII los académicos franceses respaldaron la consolidación del absolutismo real, de manera similar a los teóricos alemanes que justificaron el autoritarismo de Bismark a finales del siglo XIX con la Teoría del Estado, disciplina que antecedió al Derecho Constitucional.

Europa continental ingresa al siglo XX sin que se haya consolidado la ideología democrática; por el contrario, las teorías colectivistas y autocráticas encontraron un auge inusual con la Gran Guerra, desarrollándose tanto el marxismo leninismo, que llega a capturar violentamente el poder en Rusia; como el fascismo, que toma el poder en Italia con belicosos activistas que marcharon sobre Roma. En ambos regímenes, el Estado era la respuesta a las preocupaciones del individuo, quien debe sacrificar su libertad e individualidad en procura de que la comunidad política logre los objetivos colectivos trazados por el grupo que monopoliza el poder. Así, la propiedad privada fue severamente condicionada por un Estado que demandaba dirigir todos los detalles de la actividad económica y social. Los funcionarios deciden qué se produce, cuánto y a qué precio, pues la idea de que lo hagan las personas en uso de su raciocinio e iniciativa, parecía detestable, impropio para un régimen donde el poder procura el bienestar de todos por igual, pues esa era la fuente de legitimidad del totalitarismo.

Finalmente, el fascismo y el comunismo fueron derrotados. La humanidad logró forjar regímenes donde la libertad y la dignidad de la persona humana está por encima de la sociedad y del Estado, como reza nuestra Constitución. Pero la influencia ideológica de los colectivistas aún sobrevive y se muestra en la ilógica intención de evitar que los laboratorios particulares puedan vacunar a quien quiera asumir el costo, en beneficio de su familia o de sus trabajadores. El ministro comunista protesta, no quiere que se desordene su programación, aunque ello pueda significar una mortal e inútil espera para miles de peruanos y, para un Estado desorganizado, una tarea imposible de cumplir en uno o dos años.