El pasado día 3, el comunista Castillo inauguró el CITE-Agroindustrial en Pichari y se reunió con cocaleros del Vraem que participaban en el XII Congreso Nacional de las Cuencas Cocaleras (Conpaccp), estuvo acompañado por el ministro de la Producción y congresistas de Perú Libre, incluido Guillermo Bermejo, quien está investigado por presunto delito de terrorismo.

En dicho evento, el alcalde del distrito de Pichari, Máximo Orejón, y el Secretario General de las Organizaciones Agrícolas del Vraem, Julián Pérez, le entregaron copia del proyecto de ley sobre la hoja de coca, haciéndole además pedidos directos, que declare en emergencia agraria el Vraem, elimine la erradicación de cultivos de coca, empadrone a cocaleros ilegales, impulse la comercialización e industrialización de hoja de coca y nombre a personal del lugar como jefes de Enaco y de Devida (cuyo presidente ejecutivo acaba de renunciar).

Increíblemente, asistió a el Conpaccp, Dionicio Núñez, ex ministro de coca y desarrollo de Evo Morales para “compartir la experiencia boliviana para legalizar la hoja de coca en la Constitución”, asimismo, con gran indignación, vimos cómo Luis Barranzuela, actualmente ministro del Interior y topo de Cerrón y Bermejo, azuzaba a los cocaleros para que eviten la erradicación pregonándoles que el poder está en el Vraem y no en Lima.

Castillo aseguró a los cocaleros que la ley de hoja de coca tendrá luz verde, para industrializarla e impulsar el verdadero desarrollo con los compañeros cocaleros, además, les garantizó la construcción de una universidad, un hospital especializado y un aeropuerto para que salgan los productos, y lleguen las autoridades para atenderlos (al estilo del aeropuerto boliviano en el trópico de Cochabamba, construido para sacar productos pero siempre estuvo abandonado por altos costos de transporte, hasta existen informes sobre presuntos arribos de avionetas desde Venezuela con cargamentos de drogas).

Bajo este panorama, Castillo obtuvo casi 100% de votación en los 69 distritos del Vraem y ahora pretende compensar a los cocaleros ilegales liberando todas las zonas cocaleras sin erradicación, sin DEA ni USAID. Sus desbaratadas promesas no resolverán la problemática de esa convulsionada zona de 60,000 km2.

Actualmente tenemos 88,000 hectáreas cultivadas a nivel nacional (según informe de EE UU) y no se ha erradicado desde 2020, en esta situación, a fines de 2022 podríamos sobrepasar las 100,000 hectáreas.

La erradicación es indispensable, pero debe estar complementada por un plan de desarrollo con programas sociales, mejor infraestructura, cultivos alternativos y asistencia técnica, caso contrario, la frontera cocalera, producción de cocaína y narcotráfico seguirán incrementándose exponencialmente, y podríamos convertirnos en un narcoestado.

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