En la conversación cotidiana y en los propios medios de comunicación, con relativa frecuencia, se utilizan los términos legalidad y legitimidad como si fueran sinónimos, sin percatarnos que cada uno de ellos tiene su propia connotación, especialmente, cuando se trata de acciones, procedimientos o decisiones políticas.

La legalidad está vinculada al concepto normativo; es decir, con lo que se encuentra regulado por la norma jurídica, independientemente que se pueda estar o no de acuerdo con lo que ella dispone.

El proceder o la decisión es legal si se enmarca o está de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico
interno. Por lo tanto, todo lo que se haga o decida que no se encuadre dentro de las disposiciones legales, se debe
de interpretar como una violación a las normatividad que regula la estructura y funcionamiento del Estado.

En cambio, la legitimidad, su interpretación es sociológica. Es la opinión ciudadana la que va a calificar si un acto o decisión es legítima cuando coincide con la voluntad popular o una parte importante de la población sintoniza o le parece bien lo que se hace o decide.

Entre estos dos términos se ha venido desenvolviendo el diario vivir de nuestra dinámica política en el Perú, y con
mayor énfasis en estos últimos cuatro años. Pero, lo más preocupante es que, reiteradamente, se han estado tomando decisiones o procediendo, por parte de quien o quienes ejercen el poder político, de manera tal que se utilizó la  legitimidad para tomar decisiones totalmente ilegales.

Suficiente con recordar el último referéndum promovido por el expresidente Vizcarra, mediante el cual se ratificaron
varias modificaciones constitucionales, relacionadas con la reforma política y el sistema electoral. Para el efecto, el propio señor Vizcarra, mediante decreto convocó a dicha consulta, a pesar de que, de acuerdo con la ley, corresponde al órgano electoral hacerlo. Estamos aquí frente a una evidente violación a lo regulado por la norma, produciéndose una ilegalidad, pero por tratarse que había sintonía con lo que la población deseaba, terminó siendo legítima.

Algo más; la disolución del Congreso, decidida por el señor Vizcarra, cuando argumentó que se había rechazado en “forma ficta” la confianza a su consejo de ministros, carece de legalidad; pues, en ninguna parte de nuestra Constitución se encuentra prevista esta causal. Pero, la población la vio con bueno ojos, dándole legitimidad.

Pero, este proceder violatorio de la Carta constitucional, por parte del en ese entonces presidente de la República no termina allí; pues, hasta la forma como se procesó la decisión de la disolución del Congreso se hizo sin observar lo previsto en la norma. Pues, para que una decisión del presidente no sea nula, se requiere que tenga refrendo ministerial; en este caso, sólo había juramentado el nuevo presidente del Consejo de Ministros y no así los demás ministros; por lo tanto, no había el colegiado del consejo ministerial que debía haber aprobado la decisión presidencial. Esta es una nueva violación a la norma que muchos no quisieron ver por cuanto había, lamentablemente, legitimidad.

En consecuencia, como es fácil observar, nos estamos mal acostumbrando a que la legitimidad termina imponiéndose sobre la legalidad, fomentando lo que es obvio; esto es, el populismo y, con ello, se concluye en dañar
el legal funcionamiento del Estado. Y, ese es el peligro que corremos, si continuamos por el mismo camino.

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