El Perú con el derecho internacional: apartándonos de la RASD
El Perú con el derecho internacional: apartándonos de la RASD
El gobierno del Perú, mediante el Comunicado Oficial N° 020-23, ha decidido “suspender a partir de la fecha, las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)”. Eso significa, para que quede muy claro, que ha dado el primer paso para consumar el sentido del Comunicado Oficial N° 003-22 del 18 de agosto de 2022, por el cual, cuando fui canciller, el gobierno del Perú, decidió “retirar el reconocimiento a la RASD y romper toda relación con esta entidad”. Ha sido una medida racional, sensata y esperada de la cancillería a cargo de la embajadora Ana Cecilia Gervasi, que cuando viceministra se sentó en mi despacho conmigo, junto a todo mi equipo diplomático, ella liderándolo, y secundada por mi jefe de Gabinete, Miguel Gamarra Malca, que hallándose por esos días en Montevideo, coordinaba todo el tiempo –cumplía funciones en Uruguay y le pedí para que me acompañe en mi gestión y como todo diplomático con convicciones se puso a la orden dejándolo todo–, para lograr el objetivo en favor del país.
Se hizo, como ahora, pensando en los elevados intereses del Perú, y por eso, debo relievar el acierto de Gervasi en su calidad de Ministra de Relaciones Exteriores, porque ha sido coherente con lo que pensaba y eso para mí lo es todo. Desde que el gobierno del expresidente Castillo sorprendentemente decidió dar marcha atrás por las presiones de sectores radicales y de ultraizquierda, conseguir este objetivo no ha sido fácil. Habíamos impactado negativamente a nuestra excelente y siempre próspera relación bilateral con el reino de Marruecos – ellos por lo sucedido, marcaron el terreno, y nos dijeron que la relación quedaba congelada, y era comprensible que adoptaran una posición coherente como la que siempre han mantenido respecto del Perú– al reanudar la vinculación con una autoproclamada república que no es reconocida por las Naciones Unidas y ni cuenta con ninguna prerrogativa por parte del derecho internacional, y eso no podía quedar así. Pero seamos claros.
Para llegar a esta decisión del gobierno de Dina Boluarte el camino no ha sido fácil. Un grupo de congresistas le pusieron empeño al objetivo y debo mencionar a Ernesto Bustamante –se enfrentó abiertamente y puso en su lugar al entonces canciller Óscar Maurtua, causante de todo este problema diplomático por solo conservar su fajín, y que su sucesor César Landa, secundó como un perfecto chicheñó– , Maricarmen Alva, Rosangella Barbarán, Rosselli Amuruz, los 5 parlamentarios andinos (Pacheco, Arce, Ramírez, Lazo y Galarreta), entre otros. Pero seamos todavía más claros. La carta que personal y directamente dirigió con coraje la congresista Patricia Chirinos a la mismísima presidenta Boluarte, fue a mi juicio, el mayor desencadenante de esta medida de Estado, que es histórica, sacudiendo por su contenido a la mandataria que, por su acto individual, final y exclusivo, dirigiendo la política exterior del Perú, ha quedado investida de estadista y no exagero.
A todos los menciono porque soy testigo de sus convicciones para que el Perú ahora recupere el tiempo perdido y fortifique su relación con Marruecos, cuya soberanía sobre el Sahara Occidental, ha sido reconocida por muchos países del globo y en los últimos tiempos por Estados Unidos de América, el hegemón del mundo, por España e Israel, países relevantes y los tres estratégicos para nuestros intereses, lo que jamás obtendríamos de la RASD, más bien vinculada a pocos países, que sí la reconocieron, y harto cuestionados en el sistema internacional. Me siento como reivindicado y ahora más me precio de que mi renuncia al cargo no fue en vano.
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