Como parte de la tutela judicial efectiva, el plazo razonable ha tenido un desarrollo significativo en la jurisprudencia nacional ordinaria y constitucional. Sin embargo, por diversos factores que van desde las limitaciones materiales de la justicia hasta las actuaciones innecesarias en algunos procesos, no ha dejado de ser un problema. Inicialmente fue considerado para evaluar el tiempo de la medida de prisión preventiva y los excesos fueron calificados como un indebido anticipo de condena. Posteriormente, mediante la jurisprudencia supranacional se amplió el alcance del plazo razonable para observar la duración total de los procesos, especialmente penales, por lo que fue posible que el tiempo en que estos se mantenían vigentes conllevara la pérdida de la legitimidad punitiva o por lo menos significara una compensación a la pena a imponer. Si se estableció un límite temporal a la persecución penal y a la pena con la prescripción, de igual modo la dilación indebida de los procesos penales debería tener una consecuencia. Los excesos en los plazos deben dar lugar a una sanción, puesto que la demora o dilación en buena parte es provocada por la falta de diligencia de los operadores de justicia.

Con el paso del tiempo, la aplicación del plazo razonable ha comenzado a considerarse en otras medidas de restricción de derechos, como es el caso de los arrestos domiciliarios o los impedimentos de salida del país. Sin embargo, una última es aquella en la que no se brinda una respuesta oportuna, más aún cuando quien realiza una petición o interpone el recurso está privado de la libertad o en riesgo de perderla. Sea que el imputado tenga ya la condición de sentenciado o todavía esté procesado con la medida de prisión preventiva o con riesgo de perder su libertad, el silencio de la autoridad competente -sea de la administración penitenciaria o judicial- implicará una situación de zozobra o incertidumbre que merece ser reprochada.

El estado de zozobra e incertidumbre no solo afecta a quien está privado de su libertad y espera que se resuelva su excarcelación, sino también para quien estando en libertad, por ejemplo, con una medida de comparecencia se encuentra frente al riesgo de variación de esta medida por una de prisión preventiva. Un claro ejemplo se aprecia en la sentencia recaída en el Expediente N° 01379-2016-PHC/TC. Se esperó 14 meses para dar trámite al requerimiento respectivo, que fue efectuado el 28 de mayo de 2014, pero la audiencia se desarrolló el 16 de julio de 2015. Otro ejemplo lo observamos en la demanda de hábeas corpus que se planteó en este mismo caso: fue interpuesta el 28 de agosto de 2015 y fue resuelta por la última instancia (Tribunal Constitucional) el 13 de febrero de 2020.

La integridad moral y psicológica de cualquier ser humano puede ser afectada por el estado de zozobra e incertidumbre. Los daños serán mayores si la persona está privada de su libertad o puede estar en riesgo de perderla. La respuesta dentro de un plazo razonable a la persona procesada, esté o no privada de su libertad, también implica un respeto a su dignidad, por lo que es necesario implementar mecanismos para el conocimiento oportuno de su situación jurídica y de los efectos de las incidencias promovidas. Ello no solo en bien de la justicia, sino también de la humanidad del derecho penal.